Seis jueces de la Audiencia Nacional dicen que parar las exhumaciones ha creado una situación absurda

Madrid.-  Seis magistrados de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional consideran que la decisión de este órgano de paralizar las exhumaciones de desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo ordenadas por el juez Baltasar Garzón "ha creado una situación de difícil explicación, rayana en el absurdo".

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(EFE)

Un grupo de arqueólogos pertenecientes a la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica se emplea desde ayer en la búsqueda de una fosa común ubicada el cementerio de Moraleda de Zafayona (Granada).

En un voto particular discrepante con el auto en el que la sala rechaza el recurso contra esa decisión de una nieta del presidente del Gobierno de la II República Juan Negrín, los jueces que en el pleno del pasado 7 de noviembre se opusieron a paralizar la apertura de fosas recuerdan que, en la práctica, siguen las exhumaciones en toda España, salvo precisamente las acordadas por Garzón.

"En España, desde hace dieciocho años, las víctimas y las asociaciones que protegen sus intereses vienen abriendo fosas comunes, exhumando restos de desaparecidos (todavía indignamente enterrados) e identificándolos con la ayuda de profesionales de la medicina legal, la antropología forense, la biología y la historia", señalan estos magistrados.

El voto particular recuerda que tras la aprobación de la Ley de Memoria Histórica "esa actividad se realiza con financiación pública" y que después de que la Audiencia Nacional ordenara paralizar las exhumaciones "se siguen abriendo fosas y exhumando restos en varios lugares, excepto en aquellas localizaciones que el juez central (Garzón) había judicializado".

Los magistrados añaden, además, que la apertura de esas fosas ha sido paralizada "sine die", ya que la decisión del pleno de la sala de lo penal del pasado 18 de noviembre de declarar la incompetencia de Garzón para investigar los hechos "difiere el levantamiento de la orden sin fecha".

Los seis jueces -Teresa Palacios, Manuela Fernández Prado, Javier Martínez Lázaro, José Ricardo de Prada, Clara Bayarri y Ramón Sáez- dicen también que, en contra de lo que alegó la mayoría de la sala para justificar su decisión, no había peligro alguno de que las actuaciones ordenadas por Garzón devinieran "nulas" en caso de que, como así pasó luego, fuera declarado incompetente.

"Sin riesgo procesal -la nulidad no había sido pedida por el Fiscal- nunca puede adoptarse una cautela", subrayan los magistrados, que agregan que "la inexistencia de peligro al que atender ha creado una situación de difícil explicación, rayana en el absurdo".