Madrid.- El fiscal y la acusación particular han pedido hoy al Tribunal Supremo (TS) que revoque la condena al juez Fernando Ferrín Calamita por un delito de retardo malicioso en la adopción de una menor solicitada por la compañera sentimental de la madre biológica y que lo condene por prevaricación.
Así lo ha solicitado el fiscal Antonio Barranco y el abogado José Luis Mazón durante la vista pública para estudiar los recursos interpuestos contra la sentencia dictada el año pasado por el Tribunal Superior de Justicia de Murcia.
Ferrín Calamita -que se encuentra suspendido- fue condenado a dos años, tres meses y un día de inhabilitación para empleo o cargo público por retrasar de forma maliciosa la adopción de la menor.
El Tribunal Superior de Murcia concluyó que el juez, llevado por su convicción de que el matrimonio homosexual es dañino para los menores, quiso "retrasar al máximo la resolución del asunto, bien por la esperanza de que prosperara el recurso formulado por un partido político -el PP- o bien para aburrir".
El representante del Ministerio Público, que ha reclamado que el juez de familia de Murcia sea condenado a 18 años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación, ha hecho hincapié en que Ferrín Calamita "se inventó trámites y requisitos no exigidos por la Ley".
La Fiscalía considera que determinadas resoluciones dictadas por el acusado en el expediente de adopción son prevaricadoras, entre ellas una providencia de mayo de 2006 que ordenó examinar a las dos mujeres.
Según el fiscal, su actuación denota una "clara intención homófoba" y una "voluntad de contrariar de manera grosera de la Ley".
El letrado de la acusación particular, José Luis Mazón, ha asegurado que el juez de familia "dictó a sabiendas resoluciones arbitrarias, estrafalarias e inauditas por el mero hecho de que la adopción se refería a una pareja de mujeres".
Mazón ha solicitado al Alto Tribunal que Ferrín Calamita sea condenado por un delito continuado de prevaricación y de forma alternativa a tres años de prisión e inhabilitación por cuatro años como autor de un delito de discriminación por razón de orientación sexual en la prestación de un servicio público.
"La Justicia es un servicio público y tenían derecho (sus representadas) a una prestación que le fue denegada", ha concluido.
Por su parte, el letrado de Ferrín Calamita, Javier María Pérez-Roldán, ha reclamado la absolución de su cliente al estimar que éste se encontró ante un "supuesto nuevo", por lo que necesitó de determinados informes "para ilustrarse".
Además, Pérez-Roldán ha cuestionado la parcialidad de la Sala que juzgó a Calamita, la cual, en su opinión, "hizo una instrucción paralela".
"No se puede decir que (el juez) no hizo lo que normalmente se hace porque esto no se presenta normalmente en los juzgados", ha concluido.
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