El 68% de los docentes que aprobaron la convocatoria anulada han sido seleccionados

Santa Cruz de Tenerife.-  La consejera de Educación, Milagros Luis, dijo hoy que el 68 por ciento de los docentes que aprobaron la convocatoria de 2007, anulada por decisión judicial, han resultado seleccionados en la repetición de esta convocatoria celebrada este año.

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(EFE)

La consejera de Educación del Gobierno de Canarias, Milagros Luis Brito. EFE/Archivo

Luis, que compareció a instancias del grupo Socialista, indicó que tras un proceso largo, que comenzó con la anulación del proceso selectivo, el 1 de septiembre de este año, la Consejería nombró funcionarios en prácticas a los 275 docentes seleccionados en este proceso selectivo.

Recordó que la anulación de esta convocatoria afectó a 1.732 personas, que han repetido las pruebas, y de ellas 526 superaron la fase de oposición, 204 personas más que en la convocatoria de 2007.

Este aumento de aprobados se debe, según informó la consejera, a que en esta prueba no se aplicó la "guía de procedimiento" que fue, agregó, la responsable de la irregularidad denunciada en la convocatoria de 2007.

Luis señaló que, tras un proceso complejo y tenso, la normalidad quedó restablecida con la orden de 2009 que nombró a los nuevos funcionarios, y afirmó que en este proceso la intención de su departamento ha sido velar por la seguridad jurídica de los afectados.

Además, la consejera indicó que los opositores que aprobaron pero no fueron seleccionados promocionarán en las listas de sustitutos e interinos, con lo que se mantienen sus expectativas de trabajar en la docencia, aunque reconoció que no con la estabilidad pretendida.

Respecto a los 89 aspirantes que aprobaron en la convocatoria anulada y que en esta no han sido seleccionados, Luis explicó que 71 de ellos superaron la fase de oposición, con lo que promocionarán en las listas de interinos y sustitutos y 15 de los 18 restantes ya figuraban en esas listas.

La consejera afirmó sólo tres personas se han quedado fuera del sistema.

Afirmó que su departamento ha querido que las convocatorias de oposiciones de 2009 confluyeran con la repetición de las pruebas de 2007 para que se pudiesen beneficiar un mayor número de opositores.

Luis reconoció la situación de angustia que han podido vivir los afectados y por eso se han tomado las medidas necesarias para que esta situación no vuelva a ocurrir, y señaló que en las últimas convocatorias los presidentes de tribunales han tenido asesoramiento jurídico hasta el fin de las pruebas.

Rita Gómez, del grupo Socialista, dijo que los trabajadores de la enseñanza llevan años sacando las castañas del fuego a la Consejería, y aludió a que el pacto por la Educación que defiende el ministro de Educación, Ángel Gabilondo, sitúa en el centro del sistema a los docentes.

Gómez indicó que el proceso desde la anulación de las pruebas ha sido complejo y ha mantenido en vilo y en incertidumbre a muchas familias canarias.

La parlamentaria advirtió de que el proceso no ha concluido, ya que todavía hay pendientes recursos judiciales de quienes aprobaron en la primera convocatoria y ahora no han sido seleccionados.

No obstante confió en que este proceso, que, dijo, ha causado graves daños y ha enturbiado la credibilidad en el acceso a la función pública, termine de forma satisfactoria para todos los afectados.

En su opinión, la Consejería no asumió las responsabilidades en el momento oportuno y reprochó a este departamento una falta de rigor que ha perjudicado a muchas personas.

Carlos Ester, del grupo del PP, dijo que el proceso se ha resuelto de forma satisfactoria y coherente mientras que Marisa Zamora, de CC, dijo que siempre ha habido transparencia sobre el proceso que se ha llevado a cabo.

Dijo que el PSOE ha perdido el norte cuando acusa al Gobierno de querer despedir a 7.000 docentes y afirmó que está harta de que se haga demagogia "barata" con este asunto.

Agregó que la Consejería se encontró con un problema difícil, que ha resuelto tratando de no perjudicar a las personas y actuando con transparencia y de acuerdo con la legalidad vigente.