Washington.- La empresa Chevron-Texaco negó hoy haber "inducido al delito" al juez que llevaba el caso contra la petrolera estadounidense en la Amazonía ecuatoriana y sugirió que las autoridades de ese país "no están tratando el tema con la debida seriedad".
En la imagen, ingenieros ecuatorianos recogen muestras de tierra contaminada con petróleo. Chevron-Texaco enfrenta una demanda por 27.000 millones de dólares por supuesta contaminación ambiental. EFE/Archivo
"En vez de investigar el delito, investigan al denunciante, lo cual nos indica que no están tratando el tema con la seriedad debida. Lo que nosotros hemos dicho desde el comienzo es que esto merece una investigación independiente, transparente y completa", dijo a Efe James Craig, asesor de comunicaciones para América Latina de la empresa.
Así reaccionó Craig a la solicitud que realizó hoy nuevamente el fiscal general de Ecuador, Washington Pesántez, para que la Procuraduría (Abogacía del Estado) inicie acciones legales en EE.UU. contra la petrolera estadounidense por "inducir a delito" al juez que llevaba el caso en su contra.
Chevron-Texaco enfrenta una demanda de 27.000 millones de dólares por supuesta contaminación ambiental y daños a los pobladores durante los años que operó en la Amazonía de Ecuador.
A principios de mes, la empresa hizo públicos una serie de vídeos grabados clandestinamente en los que se deduce que el juez Juan Núñez, que llevaba el caso, participó en un complot de soborno para emitir una sentencia contraria a la petrolera.
El escándalo fue tildado por los demandantes, el Frente de Defensa de la Amazonía (que agrupa a unos 30.000 pobladores presuntamente afectados por las actividades de extracción), como un acto más de corrupción de la empresa en su afán por retrasar la sentencia.
Pero Craig insistió hoy en que las declaraciones de Pesántez "son un intento más de desviar la atención del público para que no se hable del tema de fondo, que es el contenido de los vídeos".
"Eso indica que las autoridades ecuatorianas prefieren investigar a la empresa que a la posible intromisión política en el caso nuestro en Lago Agrio", enfatizó.
Craig dijo que la empresa no estaba al tanto "ni de las reuniones ni de la decisión del empresario de grabar estas reuniones en vídeo" y que refirió el asunto tanto al Departamento de Justicia de EE.UU. como a la Procuraduría ecuatoriana después de intentar verificar la evidencia presentada.
"Cualquier sugerencia de que nosotros hemos inducido a alguien a un delito es absolutamente falso y las autoridades lo saben muy bien. Fuimos nosotros quienes denunciamos estos actos de corrupción ante las autoridades", puntualizó Craig.
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