Garzón defiende en el Supremo su actuación apoyado por familiares de desaparecidos

Madrid.-  El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha defendido hoy ante el Tribunal Supremo, donde ha sido recibido y despedido con aplausos por familiares de desaparecidos en la Guerra Civil y el franquismo, su actuación en este caso y ha negado haber prevaricado al declararse competente en el mismo.

Los partidarios del magistrado superaban ampliamente en número a sus detractores, pero esto no ha evitado que en algunos momentos unos y otros se encararan y enfrentaran verbalmente en presencia de decenas de periodistas y rodeados por un gran despliegue de Fuerzas de Seguridad.

El juez llegó al Alto Tribunal a las 12.15 horas entre aplausos y "vivas" de miembros de asociaciones para la recuperación de la Memoría Histórica, que también le han aplaudido cuando salió de la sin pronunciar palabra de la sede judicial a las 16.05 horas, acompañado de su abogado, Gonzalo Martínez-Fresneda.

Su declaración en calidad de imputado por su investigación sobre las desapariciones en la Guerra Civil y el franquismo ante el magistrado instructor del caso, Luciano Varela, ha provocado un gran despliegue policial y gran expectación por parte de numerosos periodistas, así como curiosos y partidarios de la investigación abierta por el juez de la Audiencia Nacional.

"Gracias señor Garzón", le ha dicho a la salida uno de los miembros de las asociaciones para la recuperación de la Memoria Histórica que han acudido al Tribunal Supremo, donde ha declarado en relación con la querella por prevaricación que el sindicato ultraderechista Manos Limpias y la asociación Libertad e Identidad interpuso contra él.

Varios de los familiares de los desaparecidos han asegurado que la citación como imputado del juez de la Audiencia Nacional es un "ataque contra la democracia", ya que "se merece el reconocimiento de todos los ciudadanos", y han reavivado el debate sobre la apertura de fosas.

El representante de Manos Limpias -sin representación en ningún centro de trabajo-, el ex dirigente de Fuerza Nueva Miguel Bernad, ha explicado a los periodistas que Garzón se ha negado a contestar a las preguntas del letrado de dicha asociación y que únicamente lo ha hecho a las del instructor, el fiscal y su defensa.

"Eso es grave y pone de manifiesto que no tiene suficientes argumentos", ha añadido Bernad, quien ha calificado de "vergonzosa" la actuación del fiscal y ha explicado que en un momento de la declaración Garzón ha pedido que conste en el acta que las preguntas del instructor contenían juicios de valor.

La Fiscalía pidió al Tribunal Supremo que no admitiera la querella del sindicato Manos Limpias, a la que se acumuló otra de Libertad e Identidad, aunque recordó al magistrado que desde un principio mantuvo su falta de competencia para investigar.

Estas dos asociaciones consideran que el juez de la Audiencia Nacional cometió un delito de prevaricación -que consiste en dictar una resolución injusta a sabiendas- al declararse competente para investigar las desapariciones durante la Guerra Civil española y el franquismo (1936-1975) siendo consciente de que no lo era.

Por su parte, Garzón en su recurso ante el Tribunal Supremo niega haber prevaricado y recuerda que ni el fiscal ni los magistrados de Sala de la Audiencia Nacional cuestionaron esta decisión como "extravagante, absurda o esperpéntica" o como constitutiva de un delito de prevaricación.

Estima además que si lo que se considera prevaricación es el hecho de declararse competente "la situación injusta ya se habría resuelto" con la inhibición y con la estimación de la cuestión de competencia que planteó el fiscal ante la Sala.

El juez decidió en noviembre de 2008 inhibirse de esta causa a favor de los juzgados territoriales en los que se encuentren las fosas que mandó abrir al declararse competente para instruir este procedimiento.

Por otra parte, una veintena de asociaciones de Memoria Histórica han hecho público hoy un comunicado en el que muestran su apoyo al juez Baltasar Garzón y critican al Tribunal Supremo por "socavar" la independencia judicial al admitir a trámite una querella por prevaricación contra éste.