Las Palmas de Gran Canaria.- El PP en el Ayuntamiento de Las Palmas anunció hoy que usará todos los medios legales para retrasar, incluso con la impugnación del pleno en el que se aprobó, la subida de tasas acordada por el grupo de gobierno, al entender que es "un castigo a las familias" en tiempos de crisis.
La portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Josefa Luzardo.
Así lo manifestó en una rueda de prensa la portavoz del Grupo Popular en el Consistorio, Josefa Luzardo, quien, tras presentar las tres mociones y las dos comparecencias que el PP solicitará en el próximo pleno del 31 de julio, aludió al crédito extraordinario por de 26,8 millones de euros que ha solicitado el grupo de gobierno "para pagar 1.057 facturas".
Según el PP, el importe del 87 por ciento de esas facturas lo ha generado el equipo que dirige el alcalde Jerónimo Saavedra durante los dos años que lleva en el gobierno municipal por el "derroche en gastos corrientes" de la corporación, mientras que el 13 por ciento restante está relacionado con "ejercicios presupuestarios anteriores a 2007".
Luzardo destacó que este crédito tiene un período de carencia de dos años, lo que supone que "comenzará a pagarse en julio o agosto de 2011" por parte de un nuevo equipo de gobierno.
El viceportavoz del PP en el Ayuntamiento, Felipe Afonso, aseguró que "nunca en la historia de la ciudad se ha pedido un crédito para pagar gastos corrientes, como bocadillos o papagüevos, que tendrían que estar previstos en el presupuesto ordinario de la corporación, pese a que en 2008 se dejara de ejecutar un 30 por ciento" y añadió que éstos siempre se solicitan "para invertir".
Por su parte, Luzardo advirtió al grupo de gobierno que no va a dejar de denunciar el "derroche" de gastos que realizan tanto sus cargos de confianza, como directores generales y concejales.
Así, informó de que ha solicitado una copia de todas las facturas del mobiliario adquirido durante el pasado año para conocer cuánto se ha gastado en estos conceptos.
La ex alcaldesa consideró desorbitado que un viaje de la concejala de Parques y Jardines, Inmaculada Medina, haya costado a las arcas municipales más de 1.700 euros; que a un asesor político de la concejal de Participación Ciudadana, María Luisa Blanco, se le paguen 1.415 euros al mes por impartir veinte horas de conferencias, o que en las Jornadas de Participación Ciudadana celebradas en enero de 2008 el director general Jacinto Brito cobrara 700 euros por moderar una mesa de debate.
De igual forma, Luzardo criticó que se pague manutención a los escoltas o que el alcalde Jerónimo Saavedra haya viajado a un entierro acompañado de su jefe de protocolo mientras las ayudas de emergencia social siguen tardando cinco meses en concederse, dijo.
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