Aifos alegó un patrimonio neto de 268 millones y un pasivo de 1.029 millones

Málaga.-  La promotora Aifos, en concurso voluntario de acreedores con un pasivo de 1.029,4 millones de euros y 2.000 acreedores, alegó al juzgado su insolvencia por "la insuficiencia de capital circulante y la necesidad de financiarse a corto plazo", así como que tenía un patrimonio neto de 268,5 millones al iniciar 2008.

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(EFE)

La promotora Aifos, en concurso voluntario de acreedores con un pasivo de 1.029,4 millones de euros y 2.000 acreedores, alegó al juzgado su insolvencia por "la insuficiencia de capital circulante y la necesidad de financiarse a corto plazo", así como que tenía un patrimonio neto de 268,5 millones al iniciar 2008. EFE/Archivo

Según el auto del Juzgado de Lo Mercantil número 1 de Málaga que ha declarado este concurso, al que ha tenido acceso Efe, ése es el patrimonio neto (diferencia entre valores económicos que posee y las deudas u obligaciones contraídas), según el informe de auditoría aportado por Aifos Arquitectura y Promociones Inmobiliarias SA, que detalla unas pérdidas de 106 millones de euros.

La empresa solicitó el pasado martes el concurso al aducir que "el deudor se encuentra en estado de insolvencia inminente" y, como manifestaciones externas de la situación, "el deterioro progresivo de la actividad".

El magistrado-juez sustituto del Juzgado, Alfredo Elías Mondeja, ha acordado que la administración concursal la integren el abogado Nicolás Molina García y el economista de cuentas Antonio Jesús Franco Sánchez, ambos socios de la compañía Landwell-Price Waterhouse Coopers.

Además, el administrador concursal acreedor será la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT).

La resolución, contra la que cabe recurso en cinco días, precisa que, "atendido el carácter voluntario del concurso, el deudor conservará las facultades de administración y disposición sobre bienes, derechos y obligaciones de su patrimonio que hayan de integrarse en el concurso", aunque "sometido su ejercicio a la intervención del administrador concursal mediante su autorización".

Recuerda al concursado que "la intervención conlleva, en tanto conste la aceptación de los administradores concursales, que el deudor podrá realizar los actos propios del giro o tráfico de la empresa que sean imprescindibles para la continuación de su actividad" y "con las prohibiciones y necesarias autorizaciones".

Los acreedores serán llamados para que, en un mes desde que se publique en el Boletín Oficial del Estado, comuniquen a la administración judicial sus créditos explicando concepto, cuantía, fechas de adquisición, vencimientos y características.

El juzgado expedirá mandamiento a los Registros de la Propiedad donde haya bienes de la concursada para la anotación preventiva de lo acordado en fincas registrales de las que es titular la sociedad.

Pedirá suspender apremios y ejecuciones en tramitación a la AEAT, la Tesorería General de la Seguridad Social y los decanatos de los juzgados de Málaga, mientras continuarán los juicios declarativos, y comunicará la situación al comité de empresa y al FOGASA.

Aifos, con sede en Málaga y destacadas inversiones en la Costa del Sol, comunicó al juzgado el pasado 8 de abril sus negociaciones para obtener adhesiones a una propuesta anticipada de convenio y ahora su administrador único, Jesús Ruiz Casado, presentó la demanda de concurso ante la imposibilidad de alcanzar esa propuesta.

La compañía, que estaba previamente en situación pre-concursal, explicó ayer que instó el concurso para "garantizar la construcción de 3.000 viviendas suscritas con clientes y su entrega en el menor plazo", y al creer que permitirá reordenar la deuda del grupo para combatir la crisis, garantizar la pervivencia de la actividad de la empresa, cumplir contratos con terceros y mantener el empleo.

Aifos tenía desde hace tiempo problemas que empezaron cuando varios de sus principales ejecutivos fueron detenidos en la primera fase de la operación "Malaya" contra la corrupción municipal e inmobiliaria de Marbella, entre ellos Jesús Ruiz, que estuvo en prisión preventiva hasta que abonó una fianza de 500.000 euros.