Logroño.- El proyecto de Ley de Servicios Sociales, aprobado hoy por el Consejo de Gobierno riojano, garantiza su acceso a todos los ciudadanos como "derecho subjetivo" y consolida el Sistema Riojano de Servicios Sociales como cuarto pilar del Estado de Bienestar en La Rioja.
La Infanta Cristina, directora del Área Social de la Fundación "laCaixa", el presidente del Gobierno de La Rioja, Pedro Sanz (d), y la consejera de Servicios Sociales, Sagrario Loza (i), durante la reunión en la que informaron sobre un programa integral dirigido a los familiares que cuidan a personas dependientes en la comunidad riojana, el pasado mes de mayo. EFE/Archivo
La consejera de Servicios Sociales, Sagrario Loza, en una rueda informativa, ha detallado que este proyecto crea, regula y ordena el Sistema Riojano de Servicios Sociales y garantiza la universalidad de los servicios y prestaciones del Sistema Público, en el marco de un catálogo de servicios.
El Sistema Riojano de Servicios Sociales estará integrado por el sistema público, compuesto por los servicios prestados directa o indirectamente por las Administraciones Públicas y por el Sistema Riojano de para la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia; y por los servicios sociales de titularidad privada, que participan en la acción social mediante la prestación de recursos.
Loza ha insistido en que la futura Ley se caracteriza por su vocación de universalidad y vincula a las Administraciones regional y local, con respeto a la autonomía municipal en esta materia y con garantía de la coordinación de los servicios sociales de ambas.
"El proyecto de ley regula los derechos de las personas usuarias, respondiendo a las demandas del sector, destacando el derecho al acceso universal, a la igualdad de oportunidades, acceso a su expediente personal, a tener una asistencia individualizada, a recibir servicios y prestaciones contemplados en la cartera de servicios y el derecho a tener asignado un trabajador social como profesional de referencia", ha subrayado.
También se regulan los derechos de los profesionales de los servicios sociales y se establece la estructura del Sistema, con el mantenimiento de los dos niveles ya consolidados y la incorporación en ambos de las modalidades de atención primaria y secundaria.
Se ha referido a que se establece un catálogo como el instrumento por el que se identifican los servicios y prestaciones que deberán garantizar las administraciones públicas de La Rioja, que desarrollará el Gobierno regional a través de la cartera de servicios, sobre la base de un contenido mínimo que la Ley fija.
El proyecto de Ley distribuye las competencias en materia de servicios sociales entre el Gobierno autónomo y las entidades locales y aborda la planificación a través de un Plan Estratégico cuatrienal, en el que se incluye como novedad un mapa de servicios sociales y su desarrollo mediante planes sectoriales transversales.
También se aumenta la ratio de trabajadores sociales, uno por cada cuatro mil habitantes, frente a la anterior de uno por cada cinco mil; se crean unidades específicas en las áreas de infancia, mujer, familia e inclusión social; y se define un nuevo tipo de equipamiento: los Centros Básicos de Servicios Sociales.
La consejera ha afirmado que el proyecto de Ley apuesta por un sistema basado en la suficiencia financiera y en la solidaridad interterritorial para garantizar a los municipios de menor capacidad económica y de gestión porcentajes de financiación sobre el coste del personal, así como servicios y prestaciones del catálogo, que permitan hacer efectivos los derechos garantizados a los ciudadanos.
El documento aprobado introduce la calidad de los servicios sociales, reconoce el derecho de la iniciativa privada y de la privada sin ánimo de lucro a participar en el Sistema, aunque queda sujeto al régimen de registro, autorización y acreditación.
También ejecuta la transposición de una directiva comunitaria y se regula un cuadro de infracciones y sanciones, con el fin de garantizar los derechos de los ciudadanos de libertad y seguridad jurídica; mientras que se introduce como novedad el principio de responsabilidad subsidiaria.
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