Los jueces muestran su preocupación por el aumento de delitos de los menores en internet

Valencia.-  Medio centenar de jueces y expertos en menores ha mostrado hoy en Valencia su preocupación por el aumento registrado en España de la violencia escolar y de los delitos cometidos por menores de edad a través de internet o en los que éstos usan la red para difundir el delito.

En las Jornadas Nacionales de Magistrados de Menores, inauguradas hoy por la portavoz del Consejo General del Poder Judicial, Gabriela Bravo, los expertos han destacado el desconocimiento por parte de los menores de la proyección que tienen los delitos cuando son difundidos a través de la red.

El seminario se desarrolla en la Ciudad de la Justicia de Valencia y reúne a jueces, magistrados y técnicos que analizarán y debatirán durante tres días los diferentes delitos cometidos por este sector de la población.

El magistrado del Juzgado de Menores número 1 de Granada, Emilio Calatayud, ha pedido un cambio de legislación en España para que las compañías que operan en internet y las redes sociales tengan también responsabilidad legal en los delitos que cometan los menores de edad a través de la red.

Así lo ha defendido Calatayud en la mesa redonda titulada "Problemas jurídicos derivados de los delitos cibernéticos cometidos por los menores" y en la que han intervenido el comandante jefe del Grupo de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil, Juan Salom, y el fiscal de Menores de Valencia Salvador Canet.

Calatayud se ha quejado de la dificultad de los jueces a la hora de atribuir la responsabilidad civil subsidiaria en los delitos cometidos por los menores a través de internet, y ha puesto como ejemplo un caso juzgado por él recientemente: una pandilla de jóvenes que dio una paliza a un mendigo y que colgó las imágenes en internet.

Para el magistrado es "una barbaridad" que páginas como Google o Youtube y las redes sociales a través de las que se difunden estas imágenes no tengan "responsabilidad alguna" ya que, en su opinión, "permiten" de algún modo esos delitos.

Internet se ha convertido, a su juicio, en "un instrumento" para cometer este tipo de delitos "al igual que lo es una pistola en otros", y ha considerado que "habrá que culpar al que ha dado la paliza y al que la ha colgado en la red, pero también tendrá que responder alguien de la compañía donde se 'cuelga'".

En este sentido, ha abogado por una modificación legal "para que Google, Youtube o la compañía que sea pague" o que, en su defecto, sea el Estado quien lo haga, dado que éste, según estima, "es el máximo garante de los derechos de los menores".

Por su parte, Gabriela Bravo ha pedido a los gobiernos central y autonómicos un "esfuerzo presupuestario" para la correcta aplicación de la Ley del Menor, que, ha señalado, se deberá concretar "dependiendo de cada autonomía".

Según ha recordado, la ejecución de medidas es una competencia transferida a las autonomías y "la voluntad política, el compromiso y el esfuerzo presupuestario de cada una" de ellas determina que las medidas que se imponen al amparo de esa ley sean "más o menos efectivas".

"El equilibrio entre la protección de los menores que cometen delitos y la convivencia adecuada con menores delincuentes nace de tener los recursos adecuados para ello", ha defendido.

Para Bravo, "se dan medidas extemporáneas, libertades vigiladas que prescriben y prestaciones en beneficio de la comunidad que no se pueden ejecutar", y en este sentido, la Comunitat Valenciana necesita en su opinión "más centros y más personal al servicio de la Administración para la ejecución de penas".