Garmendia acelera la ley de Ciencia y Tecnología: en un mes, rematada

El objetivo lo han repetido hasta la saciedad: la intención del Ejecutivo es cambiar el modelo productivo de España y hacernos más competitivos. Para ello, Jose Luis Rodríguez Zapatero habló no hace mucho de una ley de Economía Sostenible, un cambio en el modelo educativo y una ley de Ciencia e Innovación que hasta el momento se encontraba encallada.

(EFE)

La ministra científica ya tiene su ley.

Mientras la oposición aún se ríe de la primera, los titulares responsables de la segunda y la tercera (Ángel Gabilondo y Cristina Garmendia respectivamente) están haciendo todo lo posible por ser los lideres del manoseado 'nuevo modelo productivo español'. Así, la nueva Ley de Ciencia y Tecnología, que sustituirá a la actual Ley de Fomento de Coordinación General para la Investigación Científica y Técnica de 1986, se aprobará en un mes en el Consejo de Ministros, según ha adelantado la titular del ramo a soitu.es. El pacto educativo de Gabilondo, por su parte, ya cuenta con un "consenso total", tal y como nos ha asegurado el propio ministro.

Un borrador que lleva un año

La existencia de una ley de Tecnología no es nada nuevo. De hecho, la científica vasca se encargó de que la futura norma fuera su bandera nada más ser nombrada en abril del año pasado aunque desde entonces sufrió numerosos retrasos. Desde hacía tiempo los expertos venían avisando de que el marco normativo actual estaba superado por la realidad de la investigación científica y técnica que se estaba desarrollando en España. La celeridad que ahora se han impuesto desde el ministerio viene condicionada por el nuevo modelo productivo con el que se pretende salir de esta crisis. Desde que al presidente del Gobierno se sacara todos esos conejos de la chistera en el Debate del estado de la nación, los plazos se han acelerado y la ministra dice tener ya consensuada la norma para que se apruebe en Consejo de ministros en el plazo de un mes.

La ministra contesta así tanto al director como el presidente de la fundación Cotec para la innovación y el desarrollo han urgido al Ejecutivo a que se hagan cambios a partir de ya "si no queremos perder los avances que se han hecho en estos últimos diez años". Según el Gobierno la nueva norma nace con el consenso entre empresarios, universidades, administraciones públicas y organizaciones gubernamentales. No tanto, sin embargo, del consenso político que después del trámite del Consejo de Ministros será fundamental para su posterior aprobación en el Congreso. Fuentes de la oposición reprochan a Garmendia que el borrador definitivo aún no haya pasado por sus manos. ¿Cuáles son los principales puntos de dicha ley y los que más controversia suscitan?

Desarrollo de una carrera investigadora

Se regula el desarrollo profesional de los jóvenes que terminan sus doctorados y de los investigadores en formación para definir los primeros escalones de la carrera. Se inicia una etapa predoctoral de tres años y se sigue con un posdoctoral de 4 años más. Después llega la carrera profesional propiamente dicha en la que se establecen tres grados; acceso (3 años más), consolidación y posteriores. Del borrador se deduce que a partir de la etapa de consolidación se obtiene un contrato indefinido.

En este punto hay científicos que han dejado su opinión en la web del ministerio y la califican de poco flexible. "Tres años (y no más) para la etapa predoctoral; cuatro años (y no más) para la etapa posdoctoral. Por la propia naturaleza de la investigación científica, es imposible asegurar que un investigador va a obtener resultados que le permitan cambiar de etapa en un plazo fijo", explica uno de los investigadores. Desde el ministerio aclaran otro de los puntos de controversia: "Las figuras contractuales temporales que el borrador prevé podrán utilizarse en el desarrollo profesional del investigador. Ni el borrador, ni la legislación general, impiden, para quien lo considere oportuno, realizar una contratación indefinida

Cooperación entre los sectores público y privado

Se realizará sobre todo a través de la participación en sociedades mercantiles que antes no existían. Estarán impulsadas por el Estado pero tendrán una titularidad privada. El objetivo de las mismas será la investigación científica, el desarrollo o la innovación tecnológica, la explotación de patentes de invención y, en general, la cesión y explotación de los derechos de la propiedad industrial e intelectual. Las fundaciones del sector público, que ya venían ofreciendo este servicio, pasarán a prestar servicios en estas sociedades, sin que se les apliquen las restricciones de la legislación sobre incompatibilidades.

Otro de los aspectos de la cooperación es el de la movilidad del personal investigador. Dentro del sector público se permitirá que las personas que se "muevan" conserven su régimen retributivo de origen. Si lo que se hace es cambiar al sector privado (uno de los objetivos pendientes en España es que el sector privado coja protagonismo en la I+D+i tal y como se establece en la Agenda de Lisboa) se regula un nuevo tipo de excedencia, con reserva de puesto de trabajo y derecho a la antigüedad, con una duración máxima de 5 años.

Creación de la Agencia Española de Financiación de la Investigación

Esta nueva agencia financiará la investigación básica y aplicada mientras que el ya existente Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI) financiará el desarrollo experimental. En ambos centros de financiación se eliminarán "trabas burocráticas" que vienen entorpeciendo el acceso al crédito por parte de las empresas y que hoy han denunciado desde la fundación Cotec. Desde el sector privado esta nueva Agencia es insuficiente. A su juicio ahora es más necesario que nunca financiación a través del Instituto de Crédito Oficial que no ponga tantas trabas como la dependiente del ministerio.

Para saber más:

• Consulta el borrador de la nueva Ley de Ciencia y Tecnología.