Enériz propone cambiar la Ley del Defensor del Pueblo para velar por la igualdad de género

Pamplona.-  El Defensor del Pueblo de Navarra, Javier Enériz, ha planteado hoy en el Parlamento Foral una modificación de la ley reguladora de esta institución para que se le reconozcan funciones específicas relativas a la garantía de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres.

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(EFE)

El Defensor del Pueblo de Navarra, Javier Eneriz. EFE/Archivo

Enériz ha comparecido ante la Comisión de Régimen Foral del Parlamento de Navarra para presentar un informe, solicitado por la Junta de Portavoces el pasado 16 de marzo, sobre las modificaciones legales o reglamentarias que serían necesarias para mejorar el control de las políticas de las administraciones públicas en materia de igualdad.

En ese sentido, Enériz ha planteado que se incluya en la ley foral del Defensor del Pueblo una nueva disposición adicional cuarta que precise que esta institución velará especialmente para que se mejoren las políticas y actuaciones de las administraciones en materia de igualdad.

El Defensor del Pueblo ha enumerado algunos criterios que inspiran la actividad de las administraciones públicas y que serían objeto de supervisión por la institución que dirige, entre ellos el de adoptar "razonable y proporcionadamente" medidas a favor de las mujeres para corregir situaciones de desigualdad de hecho respecto a los hombres.

Otro criterio sería la integración del principio de igualdad de trato y de oportunidades en todos los ámbitos de las políticas públicas, tanto en el mundo urbano como en el rural, y colaborar en este objetivo con los agentes sociales, las asociaciones de mujeres y otras entidades privadas, ya que la participación política, sindical y asociativa de las mujeres, ha dicho, sigue siendo "muy minoritaria".

La institución también velaría por que las administraciones fomentan el acceso de las mujeres al mercado de trabajo y adoptan medidas para erradicar la violencia de género, la violencia familiar y todas las formas de acosos sexual o por razón de sexo.

Otros ámbitos a supervisar serían la adopción de medidas de protección de mujeres de colectivos vulnerables, como las pertenecientes a minorías, las inmigrantes, las niñas, las discapacitadas, las mujeres mayores, las viudas y las víctimas de violencia de género.

La maternidad, la conciliación de la vida personal y familiar, la corresponsabilidad en las labores domésticas y la utilización de un lenguaje no sexista en el ámbito administrativo serían otros aspectos por los que velaría la institución, al igual que la igualdad de retribución por el desempeño de la misma función que los hombres y la presencia equilibrada de hombres y mujeres en los cargos públicos y en la toma de decisiones.

El Defensor del Pueblo también ha planteado una labor de supervisión de la transmisión de una imagen no estereotipada de mujeres y hombres en medios de comunicación; la evaluación periódica de la efectividad del principio de igualdad; la aprobación de programas de igualdad de oportunidades y campañas de sensibilización; y el respeto a los derechos de la mujer en la legislación.

Enériz ha comentado además que esta nueva disposición adicional podría incluir también otros cuatro puntos, el primero de los cuales mencione de forma expresa la capacidad de la institución de comunicar a la Administración o al Ministerio Fiscal casos particulares de vulneración del derecho a la igualdad de la mujer.

El segundo punto supondría la legitimación procesal de la institución en el orden contencioso-administrativo y el tercero, para ejercer la acusación popular en los casos más graves de violencia contra la mujer.

El último punto sería una mención expresa a la emisión por parte de la Oficina del Defensor del Pueblo de informes especiales o monográficos para evaluar el cumplimiento del principio de igualdad efectiva de hombres y mujeres en las administraciones públicas, o la inclusión de dicha evaluación en el informe anual.

Enériz ha comentado que, si se asumen estas competencias, podría ser necesario un "pequeño aumento" del gasto presupuestario destinado a la institución para financiar los convenios que fueran precisos con los colegios de abogados de Navarra y los contratos de asistencia técnica con abogados que se pudieran requerir.