Madrid.- El consejero de Sanidad, Juan José Güemes, ha asegurado hoy que el Gobierno quiere poner en marcha "lo antes posible" la ley de Libre Elección de Médico, que será remitida de inmediato al Consejo Económico y Social, y que, paralelamente, "hablará" con los sindicatos acerca de las horas de los liberados.
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Güemes, que ha comparecido hoy junto al vicepresidente y portavoz del Gobierno Ignacio González en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, ha destacado que el anteproyecto de ley, en el que hoy ha "profundizado" el Ejecutivo, permitirá al usuario elegir el profesional que le atienda en el ámbito sanitario sin restricción y sin necesidad de justificación alguna.
No obstante, ha precisado que se refiere a la posibilidad de elegir médico de atención primaria, pediatra, enfermera o especialista en cualquiera de los centros hospitalarios y de especialidades de la Comunidad de Madrid, a excepción de los servicios centralizados, como el anestesista, las pruebas patológicas o pruebas de laboratorio.
"Es un derecho -ha dicho Güemes- que se extiende a todos los que tienen derecho a la sanidad pública" y ha añadido que prevé un rápido desarrollo reglamentario, de modo que pueda estar en marcha después del verano.
El consejero ha señalado respecto a la preocupación mostrada por los sindicatos por las consecuencias que podría tener sobre la implantación del área única sanitaria -que ya el pasado jueves la presidenta Esperanza Aguirre explicó que sería la primera consecuencia de la libre elección de médico-, que "lo primero es el derecho de los pacientes".
Pero ha agregado que "en paralelo, estamos dispuestos a hablar de derechos sindicales y de cualquier otra cuestión", aunque "haya 1,4 millones de horas que tienen los sindicalistas liberados", una cifra equivalente a lo que trabajarían 918 empleados públicos a jornada completa, ha calculado Güemes, quien asegura que el trabajo sindical cuesta al usuario unos 30 millones de euros, cinco por madrileño, lo que parece excesivo en tiempos de crisis, ha dicho.
En ese sentido ha señalado que suprimir las barreras burocráticas en un contexto de libre elección "es una medida importante, pero accesoria e instrumental respecto al reconocimiento de la libre elección, que es lo fundamental".
También ha indicado que se establecen cautelas en el propio proyecto de ley en las que se tiene en cuenta la opinión del facultativo, y lo que afecte a su trabajo, y ha manifestado que cualquier cambio en su sistema retributivo "tiene que ser fruto del diálogo social que se produzca en la mesa sectorial".
Tras reiterar que es la voluntad del Gobierno que la ley se tramite "lo más rápido posible", ha recordado que es preceptivo el paso del texto por el CES y tras su información, que se podrá tener en cuenta o no, se deberá aprobar definitivamente por el Gobierno que lo remitirá a la Asamblea para su ratificación, previa a la publicación en el BOCAM, en un plazo de tres meses.
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