Los países de la UE ratificarán las sanciones a los empresarios que contraten a ilegales

Bruselas.-  Los países de la Unión Europea (UE) adoptarán este lunes el último trámite para establecer a escala comunitaria sanciones mínimas para los empresarios que contraten a inmigrantes en situación irregular.

ampliar foto

(EFE)

Un empleado de un supermercado latino en el barrio de Tetuán, de Madrid. EFE/Archivo

La directiva será sellada como punto sin debate en la reunión de ministros de Agricultura que se celebra en Bruselas, después de que el Parlamento Europeo (PE) la aprobase el pasado mes de febrero con el visto bueno de los países.

A partir de mañana, los Estados miembros dispondrán de un plazo máximo de dos años para aplicar la norma, que establece que las empresas son responsables de comprobar que todas las personas de países extracomunitarios que emplean tienen documentos en regla, y establece sanciones mínimas para los que la incumplan.

Las sanciones para quienes contraten a ilegales abarcan desde multas, en las que se incluiría el coste de la repatriación del trabajador, hasta la pérdida de subsidios y la imposibilidad de optar a ayudas públicas en un plazo de cinco años.

Además, el empresario tendrá que abonar una suma igual a la cantidad de impuestos y cotizaciones que habría pagado si el trabajador tuviese un contrato legal y estará obligado al pago automático de los salarios atrasados.

Al mismo tiempo, la directiva prevé sanciones penales para los casos más graves, es decir, si el empresario es reincidente, si contrata a un gran número de personas en situación irregular, si explota a los inmigrantes, si la persona empleada es víctima de tráfico de seres humanos y su empleador lo sabe o si se trata de un menor.

En caso de que el empleador sea un subcontratista, el contratista principal y los intermediarios serán considerados responsables, y su implicación será plena en caso de que se demuestre que estaban al corriente de la situación de ilegalidad de la empresa subcontratada.

La nueva directiva forma parte de un paquete de medidas puesto en marcha por los Veintisiete para promover la inmigración legal y combatir la ilegal.

Se calcula que en los 27 países de la Unión Europea hay entre 4 y 8 millones de inmigrantes indocumentados.