Sucre (Bolivia).- La Corte Suprema de Bolivia ordenó hoy la captura de seis ex ministros del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada que están en Perú, EE.UU. y España, lo que permitirá a la Fiscalía tramitar su extradición, para que se presenten al juicio por 63 muertes ocurridas en 2003.
Dos mujeres aparecen frente a un cartel con la imagen del ex presidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada, en la ciudad de Sucre.
Ángel Irusta, presidente del tribunal formado para el juicio contra el ex presidente, anunció su decisión después de iniciada la vista para determinar las responsabilidades por la matanza del "octubre negro" de 2003.
Sin embargo, la audiencia se suspendió posteriormente porque uno de los ex ministros imputados recusó a todos los magistrados.
La primera audiencia del juicio contra Sánchez de Lozada, sus ex ministros y el alto mando militar de la época se abrió con la presencia de ocho de los 17 imputados por la masacre perpetrada en octubre del 2003, durante la represión militar de una serie de protestas sociales antigubernamentales.
Irusta declaró en rebeldía y ordenó la captura de los ex ministros Jorge Torres Obleas, Mirtha Quevedo y Javier Torres Goitia, que están asilados o refugiados en Perú.
También se emitirán órdenes de detención contra Guido Áñez Moscoso, quien reside en Estados Unidos, y Hugo Carvajal que, según información preliminar de la Fiscalía, se encuentra en España gestionando un pedido de asilo.
Se dispuso además la captura del ex ministro Yerko Kukoc, cuyo paradero se desconoce, pero que hoy presentó por medio de sus abogados una recusación que frenó la continuidad de la vista mientras se soluciona ese incidente judicial.
Irusta justificó la decisión de captura en que todos estos imputados no se presentaron a la audiencia y en que salieron del país sin las autorizaciones respectivas pese a tener un proceso en contra.
El magistrado determinó además la hipoteca de los bienes de los ex ministros y la publicación de sus datos en medios de comunicación para su búsqueda y aprehensión.
A la audiencia sí acudieron los ex ministros Adalberto Kuajara, Dante Pino y Erick Reyes Villa, además de cinco ex jefes de las Fuerzas Armadas que dirigieron las operaciones de represión en 2003.
Contra la mayoría de ellos, incluido el ex presidente Sánchez de Lozada (1993-1997 y 2002-2003) pesa la denuncia de "genocidio" en su variante de "masacre sangrienta".
Para todos los imputados que están declarados en rebeldía (ocho ex ministros y el propio Sánchez de Lozada) se suspenden los plazos de enjuiciamiento hasta que sea posible tenerlos en Bolivia, sin que suponga la prescripción de los delitos.
El abogado de Torres Obleas, Alberto Morales, cuestionó la decisión de los magistrados porque opinó que después de que Kukoc plantease la recusación del tribunal no podía tomarse determinación posterior.
Sin embargo, la recusación fue conocida y leída por el tribunal después de haber declarado la rebeldía y la captura para todos los que estaban ausentes de la audiencia.
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