Cartagena.- El Partido Popular en Cartagena estudiará poner en manos de la justicia el caso del presidente de la junta vecinal de Alumbres, el socialista Juan Pedro Torralba, que vendió material de obra de una empresa de su propiedad a este organismo por si esos hechos fueran constitutivos de delito, tal y como se señala en un informe de los servicios jurídicos del ayuntamiento.
La alcaldesa de Cartagena Pilar Barreiro dijo hoy que ese informe recoge que Juan Pedro Torralba podría haber incurrido en una ilegalidad pero deja claro que la regidora no tiene competencias para destituirlo porque las supuestas actuaciones irregulares se produjeron durante un mandato anterior. EFE/Archivo
La alcaldesa de Cartagena Pilar Barreiro dijo hoy que ese informe recoge que Juan Pedro Torralba podría haber incurrido en una ilegalidad pero deja claro que la regidora no tiene competencias para destituirlo porque las supuestas actuaciones irregulares se produjeron durante un mandato anterior.
Los nombramientos de los presidentes de las Juntas Vecinales se producen al inicio de los mandatos municipales y a propuesta de los partidos políticos en función de los resultados electorales.
Los socialistas volvieron a proponer a Juan Pedro Torralba como presidente de la Junta Vecinal de Alumbres y según el informe de los abogados municipales no se podría aplicar la ordenanza municipal que permitiría que fuera cesado por la alcaldesa ya que los hechos que se analizan ocurrieron en la legislatura anterior.
Una empresa propiedad de Juan Pedro Torralba emitió dos facturas entre los años 2005 y 2006 por la venta de materiales de obra a la Junta Vecinal de Alumbre que él mismo presidia en aquel momento.
Torralba, que ha recibido el apoyo del grupo municipal socialista, ha alegado en su defensa que la operación se realizó a precio de coste y que por tanto no tuvo intención de lucrarse.
El presidente de esta Junta Vecinal, que hace unos días compareció en una rueda de prensa conjunta con la portavoz del grupo municipal socialista en el ayuntamiento de Cartagena Caridad Rives, reconoció que autorizó un gasto de 1.500 euros para el arreglo del local social y el salón parroquial de Vista Alegre.
Juan Pedro Torralba dijo que para hacer la compra de ese material contaba con el respaldo verbal de los vocales de la Junta Vecinal.
El equipo de gobierno del ayuntamiento de Cartagena ha pedido en varias ocasiones su dimisión al entender que se ha cometido una ilegalidad.
Pilar Barreiro insistió que ante el silencio de los responsables del PSOE ha decidido que plantear este asunto en el seno del PP en Cartagena con el objetivo de que se estudie llevar este caso a los tribunales de justicia.
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