México admite irregularidades en investigación de crímenes en Ciudad Juárez

Santiago de Chile.-  El Estado mexicano reconoció hoy omisiones e irregularidades en la investigación de los feminicidios en Ciudad Juárez, durante la última sesión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que analiza en Chile los asesinatos de tres jóvenes en 2001.

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(EFE)

"Sin embargo, a partir de 2004 estas situaciones cambiaron", recalcó González, quien afirmó que ella atendió "personalmente a las madres de las víctimas, pero ellas estaban muy lastimadas por la actitud que otras personas asumieron anteriormente". EFE/Archivo

"Antes de mi gestión sí hubo omisiones e irregularidades, no sólo en estos casos sino en otros que ya han sido resueltos y donde las madres han quedado totalmente satisfechas", afirmó Patricia González, procuradora general de Justicia del Estado de Chihuahua.

En Ciudad Juárez (norte de México) fueron encontrados en noviembre de 2001 los cadáveres de ocho mujeres con signos de violación y malos tratos, de las cuales sólo se pudo identificar a tres, un hecho conocido como "caso del campo algodonero".

La Corte ha analizado durante dos días el caso de esas tres víctimas, identificadas como Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez, y la presunta responsabilidad del Estado mexicano para prevenir y esclarecer estos crímenes.

Los representantes de la CIDH, del Estado mexicano y de las víctimas presentaron este miércoles sus alegatos ante ese organismo internacional, cuya resolución se espera que se conozca durante el segundo semestre de este año.

Los abogados de las víctimas trataron de demostrar que "hay un contexto de violencia contra las mujeres y una absoluta falta de respuesta eficiente del Estado, y que no hay avances concretos para hallar a los culpables", según Ariel Dulitzky, uno de sus asesores.

Con ello, Dulitzky espera que la Corte aproveche esta "oportunidad histórica" para reparar el daño moral y material que se ha causado a las supuestas víctimas y "siente un precedente de cómo debe tratarse la violencia contra las mujeres en Latinoamérica".

En tanto, la procuradora de Chihuahua admitió que "las actitudes costumbristas de muchísimos operadores jurídicos, no sólo del Estado mexicano, sino de todo el país, en materia de investigación, que estaban muy rezagados, causaron esa desconfianza en las víctimas".

"Sin embargo, a partir de 2004 estas situaciones cambiaron", recalcó González, quien afirmó que ella atendió "personalmente a las madres de las víctimas, pero ellas estaban muy lastimadas por la actitud que otras personas asumieron anteriormente".

González espera que la Corte emita "una resolución objetiva, totalmente imparcial", y expresó su "respeto" tanto a las madres y a sus representantes como a esta corte internacional, que a su juicio supone "un respaldo a la cultura jurídica de los mexicanos".

En cuanto a los avances en la investigación de feminicidios, explicó que entre 1993 y 2008 se produjeron 447 asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, de los que 201 casos se han resuelto con sentencia definitiva y en 51 casos existen personas detenidas.

El equipo de abogados de las víctimas reconoce algunos de esos avances, pero Dulitzky denuncia que ocho años después de los crímenes del "caso del campo algodonero" "ni siquiera hay una persona acusada formalmente en ninguno de los tres homicidios".

La Fiscalía mexicana asegura que ha establecido en dos de los casos la identidad del posible responsable, pero están a la espera de recibir las órdenes de aprehensión para capturarlos, según González.

Este juicio se debe a la demanda que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos interpuso ante la Corte Interamericana, institución judicial de la Organización de Estados Americanos (OEA), contra México por su presunta falta de medidas de protección a las víctimas.