Martín destaca los avances y subraya que queda mucho por hacer para conseguir la integración

Oviedo.-  Oviedo, 21 abr (EFE)- La consejera de Bienestar Social y Vivienda, Noemí Martín, ha reconocido hoy que "aunque se ha avanzado en las políticas de empleo para las personas con discapacidad, todavía queda mucho por hacer" y ha añadido que mientras que no se consiga garantizar a estas personas un puesto de trabajo digno estará menoscabado "su derecho a la plena inclusión en la sociedad".

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La consejera de Bienestar Social y Vivienda, Noemí Martín. EFE/Archivo

Martín ha inaugurado junto al director de la Agencia Asturiana para la Discapacidad y presidente del Patronato de la Fundación FAEDIS, Javier Antuña; el vicerrector de Profesorado, Julio Antonio González, y el director de Servicios Universitarios, Eduardo Rodríguez, las "Jornadas sobre Discapacidad y empleo", organizadas por Fundación FAEDIS en colaboración con la Universidad de Oviedo.

La titular de Bienestar Social ha anunciado que "se está trabajando en el seno del Consejo de Gobierno en un decreto específico de acceso al empleo en la Administración Pública para las personas con discapacidad".

Ha destacado que casi la mitad de los contratos de trabajo formalizados en 2008 por personas con discapacidad fueron realizados en Centros Especiales de Empleo CEP), ya que de los 7.597 formalizados, 3.121 fueron en CEP, dato que, a su juicio, "revela las dificultades reales que existen a la hora de conseguir un marco ordinario de inserción socio-laboral para las personas con discapacidad".

La consejera también ha destacado que los Centros Especiales de Empleo nacieron como mecanismo de transición hacia la empresa ordinaria pero en muchos casos acaban convirtiéndose en la única posibilidad laboral para las personas con discapacidad.

En el caso de las empresas ordinarias, Noemí Martín, ha asegurado que la mayor parte de los contratos que se formalizan corresponden a niveles formativos bajos o medios, lo que pone de manifiesto la necesidad de incidir en mejorar y ampliar la formación de las personas con discapacidad.

Asimismo, ha puntualizado que en muchas ocasiones las mujeres son objeto de una doble discriminación, por un lado su condición de mujer y por otro la discapacidad.

Martín ha destacado además la importancia que tienen las adaptaciones de los puestos de trabajo para que las personas con discapacidad puedan desarrollar su labor con los resultados esperados.

Según el estudio sobre Empresa y Discapacidad 2007, elaborado por el Grupo SIFU, las cifras facilitadas por la Consejería de Bienestar Social, recogen que el Principado ocupa el quinto puesto por la cola en el cumplimiento de la Ley de Integración Social del Minusválido (LISMI) ya que sólo el 20 por ciento de las empresas cumplen con la Ley, cuando la media nacional es del 37,5 por ciento.

A preguntas formuladas por los periodistas respecto a las declaraciones realizadas por la diputada regional del PP Inmaculada González en las que apuntaba que el Gobierno central sólo estaría aportando unos treinta millones de euros mientras que la Administración autonómica tendría que aportar más de cien millones en la Ley de Dependencia, ha dado la "bienvenida" al planteamiento expuesto por la parlamentaria popular.

"Satisfacción porque la diputada haya llegado, en este caso un poco tarde, a la conclusión que venimos planteando desde nuestra llegada a la Consejería de Bienestar Social", ha abundado.

"Si algo estuvimos trasladando la Ministerio, y ahora con una titular nueva que acaba de ser nombrada tendremos que volver a insistir, es que hay un reto, que es la sostenibilidad del sistema y del nuevo derecho de atención a la dependencia", ha comentado.

A su juicio, "esta ley está suponiendo un esfuerzo importantísimo desde el punto de vista económico por parte de todas las Administraciones, pero especialmente por la comunidades autónomas".

"No acaba de descubrir nada la diputada -Inmaculada González- cuando dice que la mayor parte de la financiación, y por tanto de la sostenibilidad económica de esta ley, la estamos asumiendo desde las comunidades autónomas", ha añadido.

Martín ha incidido en que "si el Estado financia una parte, que se considera como el mínimo protegido de los servicios prestados, y esa cantidad no llega al 20 por ciento del coste total del servicio, el resto, más allá del copago -una parte muy pequeña- que puedan hacer los usuarios, entre el 60 y el 70 por ciento, lo tienen que financiar las comunidades autónomas".