Londres.- Con cámaras de televisión casi en todas las esquinas, Gran Bretaña va camino de convertirse, según muchos, en un Estado policial, pero ahora los propios manifestantes han decidido utilizar sus mismas armas contra las fuerzas del orden.
Tres personas pasan junto a un símbolo de un sistema de CCTV o videovigilancia en Londres. EFE/Archivo
Desde hace varios años, miembros de la policía se dedican además exclusivamente a filmar a los participantes en manifestaciones con cámaras de vídeo: se trata de los llamados "Forward Intelligence Teams" (Equipos de Inteligencia Avanzada), que tienen incluso un uniforme que los distingue de los otros agentes.
Frente a ellos ha surgido una organización llamada Fitwatch con el objetivo de fotografiar a esos policías y obstruir en la medida de lo posible su labor.
Fitwatch tiene una página en Facebook en la que se presenta como un "grupo de personas que se han juntado para resistirse y oponerse a las tácticas de los policías que hostigan a los manifestantes".
"Nuestro objetivo es asistir a reuniones y manifestaciones de protesta, dificultándoles a los policías filmar y recoger información" sobre los participantes en las mismas, dice el grupo, que da una serie de instrucciones sobre cómo actuar.
Propone tácticas como colocar pancartas enfrente de los fotógrafos de la policía, fotografiar a éstos, "algo que no les gusta, pero que no es ilegal", e intentar que se vea el número de identificación en la hombrera del agente, "seguirlos y escuchar sus conversaciones telefónicas y mirar lo que escriben en sus cuadernos".
Por lo pronto, las imágenes captadas por ciudadanos, aunque no fueran de Fitwatch, y volcadas en YouTube, han servido para suspender de momento del servicio a dos policías por su actuación contra los manifestantes durante la reciente cumbre del G20 en la capital británica.
Un vendedor de periódicos de 47 años llamado Ian Tomlison, que volvía de su trabajo y no tenía nada que ver con la manifestación, murió el 1 de abril de un ataque cardíaco tras ser golpeado por la espalda por un agente, todo lo cual fue captado por la cámara de vídeo de un ciudadano.
Y al día siguiente, una ecologista de 35 años llamada Nicky Fisher que había ido a protestar por la muerte de Tomlison, recibió también dos porrazos en las piernas por parte de un agente, momento captado también por cámaras de vídeo y teléfonos móviles de quienes se encontraban en los alrededores.
El agente en cuestión no llevaba además ningún número de identificación en la hombrera, como es preceptivo, lo que ha causado mayor indignación entre los defensores de los derechos civiles.
En vista de las protestas públicas por la supuesta brutalidad de la policía, el Comisario Jefe de la Policía Metropolitana, Paul Stephenson, no ha tenido más remedio que ordenar una investigación que implicará el examen de miles de horas de grabaciones de vídeo llevadas a cabo por la propia policía.
También ha ordenado revisar tácticas tan polémicas como la de acordonar totalmente el lugar donde se produce una manifestación sin dejar salir durante horas de la zona a nadie, incluidos quienes estaban allí por casualidad.
Para evitar que se repitan denuncias como las de estos días, la Policía podría caer, según temen algunos, en la tentación de recurrir al polémico artículo 76 de la ley antiterrorista, que en teoría permite detener a cualquier persona que fotografíe a un agente.
Ese artículo ha indignado, entre otros, al Sindicato Nacional de Periodistas, que defiende el derecho a tomar fotografías en cualquier lugar público como "una valiosa libertad" que hay que proteger, y su aplicación en el caso de protestas pacíficas sería, según sus críticos, un peligroso abuso de poderes por parte del ministerio del Interior.
Joaquín Rábago
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