Valencia.- La consellera de Justicia y Administraciones Públicas, Paula Sánchez de León, ha exigido hoy al ministro de Justicia, Francisco Caamaño, que "muestre la misma sensibilidad y trato preferente que dispensa a Cataluña con el resto de comunidades autónomas" y en concreto con la Comunitat Valenciana.
La consellera de Justicia y Administraciones Públicas, Paula Sánchez de León, ha exigido hoy al ministro de Justicia, Francisco Caamaño, que "muestre la misma sensibilidad y trato preferente que dispensa a Cataluña con el resto de comunidades autónomas" y en concreto con la Comunitat Valenciana. EFE/Archivo
Sánchez de León ha realizado estas declaraciones tras conocer que esta tarde Caamaño recibe en su despacho a la titular catalana de Justicia, Montserrat Tura, cuando, según ha denunciado, "la semana pasada recibí una carta del ministro en la que se negaba a recibirme por el momento".
Ha expresado su "inexplicable sorpresa" por este encuentro, pues, según ha dicho, en la carta que le remitió el ministro, éste le indicaba que "en estos momentos no estaba en condiciones de concretar una fecha para un corto espacio de tiempo" y añadía que "tan pronto le fuera posible, se pondría en contacto con ella".
En este sentido, ha considerado que la reunión de hoy demuestra "la falta de delicadeza del nuevo ministro y la doble vara de medir, porque no parece que disponga de tiempo para los valencianos y sí para nuestros conciudadanos catalanes".
Sánchez de León ha mostrado su deseo de que Caamaño "rectifique" y que como nuevo responsable del Gobierno en materia de Justicia, demuestre a los profesionales y a los ciudadanos de la Comunitat Valenciana que les importa".
Asimismo, le ha exigido que "sea justo y trate a todos por igual" en materia de financiación para la creación de órganos judiciales, por lo que le ha pedido que "haga un hueco en su agenda" y le permita, como responsable de Justicia de la Comunitat Valenciana, trasladarle las necesidades de esta región.
Entre ellas, ha anunciado que pedirá la transferencia de 6,2 millones de euros para la puesta en marcha de las 23 unidades judiciales de este año, de las que, según ha destacado, 22 han sido pospuestas por el Gobierno central hasta finales del mes de diciembre.
La consellera también pretende abordar la necesidad de que sean los gobiernos autónomos los que decidan la creación de los órganos judiciales en su territorio, así como la constitución de los partidos judiciales de Chiva y Albocàsser, la actualización de las demarcaciones de Nules y Vila-real, o la territorialización de los juzgados especializados en violencia sobre la mujer.
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