La crisis amenaza con hacer irregulares a los inmigrantes que pierden el empleo en Asturias

Oviedo.-  La incidencia de la crisis económica sobre el mercado laboral asturiano a partir del último trimestre de 2008 amenaza con convertir en irregular la situación administrativa de los inmigrantes que han ido perdiendo su empleo en este periodo ante las dificultades para renovar sus permisos de residencia.

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(EFE)

La incidencia de la crisis económica sobre el mercado laboral asturiano a partir del último trimestre de 2008 amenaza con convertir en irregular la situación administrativa de los inmigrantes que han ido perdiendo su empleo en este periodo ante las dificultades para renovar sus permisos de residencia. EFE/Archivo

Esta situación aparece reflejada tanto en el informe sobre la evolución reciente del empleo y el paro entre la población extranjera en Asturias como en la Memoria del Centro de Información de Trabajadores Extranjeros (CITE) puesto en marcha hace dieciocho años por el sindicato Comisiones Obreras (CC.OO.).

Ambos documentos constatan que al finalizar 2008 Asturias acogía a unos 6.000 inmigrantes en situación irregular procedentes sobre todo de Hispanoamérica, y en particular de Paraguay y Brasil países de los que proceden la mitad de las personas en esta situación.

No obstante, durante el pasado año se constató que el colectivo de extranjeros más numerosos en Asturias fue el de los rumanos que, con 5.280 residentes tras la eliminación de las trabas a sus ciudadanos para trabajar en toda la UE, ha superado al de los ecuatorianos como nacionalidad más numerosa residente en la región.

En agosto de 2008 se alcanzó la cifra histórica de afiliados extranjeros a la Seguridad Social en Asturias, con unas 17.000 personas, pero en los cinco meses posteriores se destruyeron 2.207 empleos entre la población inmigrante, un 13 por ciento del total, a un ritmo de incremento del desempleo mucho más elevado que en el caso de los trabajadores autóctonos.

Esta circunstancia, que ha afectado especialmente a varones que trabajaban en la construcción, supone, según el responsable de Política Social de CC.OO. de Asturias, Ignacio Quintana, que se empuje a este colectivo hacia la economía sumergida en la que ya trabajan el 20 por ciento de los inmigrantes del Principado.

Tanto Quintana como el responsable de Migraciones del sindicato, Juan José Palacios, han reclamado del Gobierno que "levante la mano" a la hora de tramitar la renovación de los permisos de residencia para las personas en esta situación de la misma manera que se adoptan otras medidas para superar la crisis económica que pasan por la concesión de ayudas a entidades financieras.

A su juicio, la exigencia a los inmigrantes al renovar sus autorizaciones de trabajo tanto del contrato como del compromiso de continuidad de las empresas y de la demostración de seis meses cotizados por cada año del permiso que pretenden renovar genera un aumento de las actividades fraudulentas por parte de las empresas.

En este sentido, han reivindicado una mayor atención por parte de la Inspección de Trabajo para evitar la sensación de que resultan "muy rentables" y de "escaso riesgo" lo que les permite fomentar con cierta impunidad "la esclavitud del siglo XXI".

El incremento del número de parados inscritos en el Servicio Público de Empleo (SPE) entre julio y enero se sitúa en un 82 por ciento -frente al 47 por ciento de los españoles- lo que hace necesario, según Quintana, reforzar las medidas de cohesión social y evitar iniciativas como las adoptadas en Italia y el Reino Unido "para impedir que se produzcan brotes de xenofobia".

"Resulta cínico decir que ahora que no los necesitamos, que se vayan a su casa porque los inmigrantes siguen haciendo, ahora también en la economía sumergida, los trabajos que no quieren hacer otros", ha indicado el dirigente sindical.

De los casi 4.500 parados inscritos en el SPE en febrero sólo 2.376, el 56,4 por ciento, cobraban algún tipo de prestación y en su mayor parte, el 74 por ciento, percibían la prestación contributiva, mientras que otro 25 por ciento tenía derecho al subsidio y un 3 por ciento más era beneficiario de la renta activa de inserción.