Santander.- El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha dado un plazo de 15 días al alcalde de Argoños, Juan José Barretabueña, para que inicie el derribo de cinco viviendas construidas ilegalmente y ha ordenado a la Fiscalía que investigue si ha cometido delitos de malversación o prevaricación.
En la imagen, el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria durante el acto oficial de apertura del año judicial. EFE/Archivo
La sala de lo contencioso administrativo del TSJC ha ordenado al alcalde que ejecute la sentencia firme de derribo que pesa desde 2002 sobre las cinco viviendas, ubicadas en la urbanización La Llama, en un auto en el que considera "evidente" la oposición del edil a demoler estas casas.
El TSJC advierte al alcalde de que si en 15 días no ha iniciado los trámites necesarios para ejecutar la orden y en seis meses las casas no han sido demolidas podría incurrir en un delito de desobediencia y ser castigado con una multa.
La sala también ha pedido al Ministerio Fiscal que investigue si el alcalde cometió delitos de malversación o prevaricación al anunciar públicamente que se habían gastado las partidas presupuestarias destinadas a ejecutar las órdenes de derribo que pesan sobre urbanizaciones del municipio.
El auto ha sido difundido por la asociación ecologista ARCA, que promovió un recurso contra la licencia de construcción de las viviendas que concluyó con una primera orden de derribo emitida en diciembre de 2002.
Esta asociación pidió de nuevo la ejecución de la sentencia en un escrito dirigido a la sala en febrero de este año en el que, además, denunció que el Ayuntamiento de Argoños podría haber gastado las partidas presupuestarias reservadas para ejecutar las sentencias de derribo, de acuerdo con una información publicada en un periódico.
Según se recoge en el auto, el Ayuntamiento de Argoños anunció en 2005 que ejecutaría al mismo tiempo todas las órdenes de derribo que pesan sobre urbanizaciones construidas en el municipio y que había adjudicado la demolición de 151 a la empresa taller de Arquitectura y Urbanismo.
El Ayuntamiento acordó en noviembre de 2005 destinar una partida anual de 150.000 euros para pagar el coste de los derribos, que asciende a 2,5 millones de euros.
La sala de lo contencioso administrativo del TSJC rechazó el plan porque, de llevarse a cabo, retrasaría las demoliciones y pidió al Ayuntamiento que presentará una propuesta individualizada para cada urbanización con sentencia de derribo.
El TSJC rechazó de nuevo este plan individualizado, porque establecía una previsión de demolición de todas las viviendas para el año 2018. En el caso de las cinco viviendas de La Llama, la fecha de demolición era el 2011.
El 26 de mayo de 2008, el Ayuntamiento pidió la suspensión temporal de las órdenes de ejecución de derribo hasta que el Gobierno regional hiciera público su plan para legalizar viviendas declaradas ilegales.
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