Valencia.- La consellera de Justicia y Administraciones Públicas, Paula Sánchez de León, ha lamentado que el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, "quiera regular por ley el derecho a la huelga de jueces en un tiempo récord mientras tiene paralizadas otras normativas fundamentales para el correcto funcionamiento de la Justicia".
La consellera de Justicia y Administraciones Públicas, Paula Sánchez de León. EFE/Archivo
La consellera ha realizado estas declaraciones tras el anuncio por parte del propio ministro de presentar un proyecto al Consejo de Ministros en el que se regule el modo en el que los jueces puedan expresar sus reivindicaciones, como consecuencia de la jornada de huelga celebrada el miércoles pasado en la mayoría de órganos judiciales españoles, han indicado en un comunicado desde la Generalitat
Sánchez de León ha criticado firmemente esta "inoportuna decisión", puesto que hay "otras muchas prioridades que a día de hoy siguen paralizadas, como es el caso de la reforma de la Ley de Demarcación y Planta Judicial y la implantación de la nueva oficina judicial".
A ese respecto, ha denunciado que, después de casi tres años, "la Ley de Demarcación y Planta Judicial sigue sin modificarse, con las consecuencias correspondientes que impiden que los partidos judiciales puedan adecuarse a las necesidades actuales, a través de unos parámetros coherentes de demarcación".
Sobre la nueva oficina judicial, la consellera también ha recordado que el modelo está definido desde 2003 y el Gobierno Central "todavía no ha dado el paso definitivo para ponerlo en marcha". Por ello, ha resaltado la necesidad del trabajo conjunto "para conseguir que sea una realidad lo antes posible y abordar de forma definitiva el problema estructural de la Justicia".
Además, la titular de Justicia y Administraciones Públicas ha destacado que la nueva oficina judicial fue concebida como "el gran reto para pasar a una justicia del siglo XXI".
En ese sentido, ha resaltado también que a Bermejo "no se le ha oído hablar todavía de una Ley de Modernización necesaria para revolucionar el "modus operandi" de la Justicia, mediante la que se pueda aprovechar al máximo las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías, como, por ejemplo, el uso del mail como forma de comunicación".
En ese punto ha lamentado la desaparición en 2004 de la dirección general de Modernización, creada por el Gobierno del PP, lo que ha supuesto que la Justicia "haya perdido el tren de alta velocidad de las nuevas tecnologías" y espera que el Gobierno Central promulgue "de una vez por todas" la Ley de Modernización de la Justicia, cuyo objetivo sea "la desaparición del papel, lograr el expediente electrónico y conectar todos los órganos judiciales del territorio nacional".
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