Bilbao.- El diputado foral de Hacienda de Vizcaya, José María Iruarrizaga, ha explicado hoy ante las Juntas Generales de este territorio una serie de medidas fiscales para impulsar la economía, cuyo coste para las arcas forales será de 147 millones de euros anuales.
El diputado foral de Hacienda de Vizcaya, José María Iruarrizaga, ha explicado hoy ante las Juntas Generales de este territorio una serie de medidas fiscales para impulsar la economía, cuyo coste para las arcas forales será de 147 millones de euros anuales.
Iruarrizaga ha señalado que las actuaciones, recogidas en el proyecto de norma foral de Medidas Tributarias para 2009 y que ha presentado ante la Comisión de Hacienda, tiene como objetivo principal incentivar las economías familiares y paliar los efectos negativos que se derivan del estancamiento del mercado inmobiliario.
Pretenden también, según ha recalcado, ayudar a las empresas a afrontar una coyuntura económica adversa.
Entre las medidas presentadas, que deberán ser aprobadas en su día por el pleno de las Juntas Generales, figura la derogación del Impuesto de Patrimonio, lo que tendrá un coste para las arcas públicas de en torno a los 100 millones de euros.
En cuanto al IRPF, la Hacienda vizcaína deflactará la tarifa en un 2% e incrementará las deducciones en el mismo porcentaje. Así, la deducción general pasara de los 1.275 a 1.301 euros y las deducciones por primer hijo de 536 a 547 y por el segundo de 663 a 677 euros.
Además, se amplia el plazo de las cuentas ahorro vivienda de los seis a los ocho años y el plazo para reinvertir las plusvalías de la venta de la vivienda habitual en la compra de otra, pasa de dos a tres años.
En el ámbito empresarial, y atendiendo a la situación económica, se recupera la deducción por creación de empleo para los ejercicios 2009 y 2010, que será de 3.000 euros por contrato laboral indefinido. Esta cifra ascenderá hasta los 6.000 euros en el caso de colectivos de "difícil inserción".
Además, se modifican los criterios para considerar el tamaño de las empresas. Así, el volumen máximo de operaciones de la pequeña empresa, con hasta 50 empleados, pasa de los 6 a los 10 millones de euros, y la mediana, con hasta 250 empleados, de 24 a 50 millones de euros.
Estas medidas, junto a otras de carácter más técnico, tendrán un coste para las arcas forales de alrededor de 147 millones de euros anuales: 32 por las modificaciones en IRPF, 100 por la derogación del Impuesto de Sociedades, 3 por la modificación del concepto de pyme, y 12 por las deducciones por creación de empleo.
El único grupo que ha presentado una enmienda a la totalidad, rechazada, ha sido EB. Su portavoz, José Ferrera, ha considerado el proyecto un "auténtico atentado contra la solidaridad", que muestra la fiscalidad "más benévola de toda la UE" y conforma "un paraíso fiscal" para las empresas.
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