Alicante.- La magistrada-juez de instrucción número 1 de Alicante que ha investigado el "caso Mercalicante" ha concluido que el ex alcalde de la ciudad y actual diputado autonómico Luis Díaz Alperi (PP) pudo cometer, presuntamente, un delito societario "sin descartar" también otro de malversación de caudales públicos.
Así consta en el auto, facilitado a Efe, remitido por la jueza al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV) para que se haga cargo de la causa, dado que, según el Estatuto de Autonomía, la única instancia que puede enjuiciar a Díaz Alperi por un delito de este tipo es el alto tribunal, por su condición de aforado por Les Corts Valencianes.
La jueza recuerda que su dictamen no tiene un carácter de conclusión "por encontrarse la causa en fase de instrucción", aunque añade que al haber una "imputación formal" hacia el actual diputado autonómico no cabe el "archivo" de las actuaciones y sólo su traslado al TSJCV.
Ha continuado que el Ministerio fiscal y las dos acciones populares, que ejercen el dirigente vecinal José Luis Valdés y el PSPV-PSOE, también ven indicios de una "infracción penal" con una posible responsabilidad penal por parte de Díaz Alperi, por todo lo cual ha enviado la "causa íntegra" al TSJCV.
En su exposición razonada, la jueza recuerda las presuntas "irregularidades" contables efectuadas por el que fuera gerente de Mercalicante, José Emilio Clavero Labad, entre 2000 y 2002, cuyo trabajo debía ser supervisado por el consejo de administración y la comisión ejecutiva, ambas presididas por Díaz Alperi.
En varias situaciones sujetas a investigación, la juez cree que hay indicios de que Díaz Alperi y parte o todos de los otro cuatro miembros de la comisión ejecutiva tenían conocimiento de la actuación del ex gerente, lo que le lleva a concluir que puede haber un presunto delito por parte del ex alcalde y actual diputado en Les Corts.
Además de Díaz Alperi, también figuran como imputados los cuatro miembros restantes del citado comité ejecutivo: los concejales del PP entre 2002 y 2002 José María Rodríguez Galant, actual director de la Ciudad de la Luz, y Juan Zaragoza, ahora concejal de Hacienda de Alicante, así como los representantes de la sociedad Mercasa, Segundo Bermejo y Gonzalo Simón.
En la primavera de 2005 los cinco prestaron declaración ante el juzgado, en la instrucción de las diligencias dentro de una investigación iniciada a raíz de una denuncia interpuesta el 8 de octubre de 2002 por Valdés, a la que posteriormente se unieron los socialistas.
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