Washington.- Varias organizaciones de juristas y defensoras de derechos humanos pidieron hoy a la CIDH que inste a Colombia a que suspenda las extradiciones de ex jefes paramilitares de las AUC, porque violan "gravemente" los derechos de las víctimas.
En representación de una decena de organizaciones, Reinaldo Villalba, de la Corporación Colectivo de Abogados José Alevar Restrepo, resaltó que la CIDH tiene "un amplio margen para actuar" en este caso.
Esta petición fue formulada en una audiencia celebrada en el marco del 133 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se celebra hasta el 31 de octubre en su sede en la capital estadounidense.
En representación de una decena de organizaciones, Reinaldo Villalba, de la Corporación Colectivo de Abogados José Alevar Restrepo, resaltó que la CIDH tiene "un amplio margen para actuar" en este caso.
Consideró, además, la intervención de la Comisión como "urgente" ante los "atentados graves al derecho a la justicia y el derecho a la reparación de las víctimas" de los crímenes cometidos por los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
En este sentido, solicitó a la CIDH que urja al Gobierno colombiano a que suspenda la extradición de paramilitares con juicios pendientes, y a que Colombia mantenga la jurisdicción sobre las personas vinculadas a las violaciones de los derechos humanos hasta que se materialicen las reparaciones a las víctimas.
Pidió que el Estado colombiano garantice que las sanciones impuestas a los paramilitares sean ejecutadas y que las sentencias se cumplan de acuerdo con la ley.
Asimismo, exigió el acceso de las víctimas a las diligencias que se efectúan en EE.UU. de paramilitares que forman parte del proceso de Justicia y Paz en Colombia.
De igual forma, planteó que el acuerdo de cooperación judicial entre Colombia y el Departamento de Justicia y de Estado de EE.UU. para la participación de los extraditados en las versiones libres en su país "no afecte a los derechos fundamentales de las víctimas".
Por otra parte, Villalba pidió a la CIDH que elabore un informe sobre el impacto que las extradiciones tienen en materia de verdad, acceso a la justicia y los derechos de las víctimas.
Las organizaciones quisieron ir todavía más allá y pidieron a la Comisión que se adopten medidas cautelares para evitar la violación de los derechos de las víctimas.
En la audiencia, Gustavo Gallón, de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), denunció que las extradiciones "masivas y sistemáticas" de los paramilitares por parte del Estado "violan gravemente" los derechos de las víctimas.
En mayo pasado, Colombia extraditó a 14 ex jefes paramilitares de las AUC a EE.UU., entre ellos a Salvatore Mancuso, Diego Fernando Murillo, alias "Don Berna", Rodrigo Tovar Pupo, alias "Jorge 40".
Los peticionarios criticaron el supuesto convenio de colaboración judicial entre EE.UU. y Colombia, ya que, argumentaron, "no hay un acuerdo específico", sino un "cruce de cartas".
Pusieron de ejemplo el intento de un juez colombiano de celebrar una audiencia con uno de los paramilitares extraditados y que su gestión fue "infructuosa".
Por parte del Gobierno colombiano, el embajador ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Camilo Ospina, calificó la audiencia de "irrelevante", al señalar que la Comisión ya emitió su opinión de "protesta" en un comunicado después de las extradiciones, la cual, alegó, "no tuvo soporte probatorio".
El viceministro colombiano de Justicia, Gilberto Orozco, explicó que el acuerdo de cooperación judicial entre EE.UU. y Colombia, "no son solo expresiones o manifestaciones de buena voluntad".
"Eso se evidenció con la primera audiencia con Salvatore Mancuso, y eso solo es el inicio del proceso", agregó.
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