Los PGE destinarán 85 millones para el desarrollo de la Ley de Dependencia en la Comunitat Valenciana

Valencia.-  La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha asegurado hoy en Valencia que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2009 destinarán 85 millones de euros para la implantación de la Ley de Dependencia en la Comunitat Valenciana, un 38% más que en el presente ejercicio.

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(EFE)

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, durante la reunión que mantuvo hoy con los miembros del nuevo comité ejecutivo del CERMI (Comité Español de Representantes de Minusválidos) en la Comunitat Valenciana.

Fernández de la Vega ha hecho esta manifestaciones tras mantener una reunión con la nueva directiva del Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunidad Valenciana (CERMI-CV), que el pasado viernes eligió a Juan Planells como presidente.

Según la vicepresidenta, durante la reunión los miembros del CERMI-CV le han transmitido su "preocupación" por el desarrollo de la ley de Dependencia en la Comunitat, una de las autonomías que "menos ha avanzado" en la aplicación de esta normativa, según ha dicho.

"Les he trasladado la voluntad del Gobierno de continuar impulsando el despliegue de la Ley en colaboración con todas las comunidades autónomas y en particular con aquellas, como es el caso de la valenciana, que han avanzado menos" en su aplicación.

La vicepresidenta ha afirmado que el Gobierno central "está decidido a que todas las personas que necesiten apoyo para desarrollar su vida diaria puedan ejercer el derecho que la Ley les ha reconocido, vivan en el territorio que vivan, en igualdad de condiciones".

"Es un derecho de los ciudadanos y todas las Administraciones Públicas tenemos el deber de posibilitar su cumplimiento", ha precisado María Teresa Fernández de la Vega.

Por su parte, Juan Planells ha explicado a los periodistas que durante la reunión han solicitado a Fernández de la Vega "transparencia" con la Ley de Dependencia, que ésta no entre "en el debate político" y que sea una normativa "de todos los españoles".

Según Planells, "hay extremos" en el desarrollo de esta Ley, ya que hay autonomías que van "más aprisa" y otras "más despacio", aunque "no es un tema de color político", y puso como ejemplo la Región de Murcia, donde gobierna el PP, "que ha hecho sus deberes y a 1 de septiembre tiene resuelto el 100% de los expedientes".

El dirigente del CERMI, entidad que representa al 95 por ciento de los más de 400.000 valencianos con discapacidad, ha señalado que en la Comunitat Valenciana "ha habido un retraso, pero parece que ahora se están poniendo las pilas y se están dando más resoluciones".

"De hecho, la Conselleria de Bienestar Social se ha reestructurado con una intención de agilizar las cosas", ha indicado Planells, quien ha considerado que el "tiempo dirá si será suficiente".

Fernández de la Vega ha informado además al CERMI-CV de que el Gobierno aprobará próximamente un Plan de Acción para personas con discapacidad, que tiene como objetivo continuar promoviendo la autonomía de las personas y diseñando y aplicando políticas públicas de forma que obtengan de ellas el mismo beneficio que el resto de las ciudadanos.

"De esa manera el Gobierno cumple su compromiso con la mejora de las condiciones y la calidad de las personas dependientes", ha indicado la vicepresidenta.

También ha destacado la estrategia global de Empleo para personas con discapacidad 2008-2012, aprobada en el Consejo de Ministros del pasado 26 de septiembre y que constituirá, ha dicho, "una importante herramienta para la integración laboral" para estas personas a lo largo de la legislatura.

Las personas con discapacidad representan el 8,6% de la población activa pero solo el 4,1% del total de ocupados, ha señalado Fernández de la Vega, quien ha reiterado que la integración laboral de este colectivo es un objetivo en el que se ha trabajado activamente "y con esa estrategia se va a ver muy reforzada".

Esta "estrategia global de empleo" ha sido "negociada y consensuada" con los interlocutores sociales y con las comunidades autónomas, por lo que existe un "elevado consenso" en los objetivos a alcanzar y en las líneas de actuación a desarrollar.