Pamplona.- El Gobierno foral "garantiza la protección efectiva a los dependientes", según la consejera de Asuntos Sociales, Maribel García, quien afirma que "no hay ningún ciudadano en España que tenga una mayor garantía de protección efectiva de su situación de dependencia que los navarros".
La consejera de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte, Maribel García Malo (i).
La consejera ha salido así hoy al paso de las declaraciones realizadas ayer por dirigentes de Nafarroa Bai, quienes, entre otras cuestiones, sostuvieron que la Ley de Dependencia deja a los dependientes navarros en un "segundo lugar", ya que les convierte, "de facto, en ciudadanos de segunda", unas afirmaciones que ha tildado de "erróneas e irresponsables".
En rueda de prensa, García ha manifestado que en Navarra las personas dependientes y sus familias perciben las cuantías más altas de ayudas de todo el Estado y comenzaron a recibirlas en enero de 2007, con lo que ésta ha sido la primera comunidad en poner en marcha este sistema.
Al mismo tiempo ha subrayado que los dependientes severos de nivel 1 ya han comenzado a ser atendidos, cuando la ley establece que se les debe atender a partir de 2011, y ha añadido que se ha aprobado una financiación de 603 millones de euros para atender la dependencia hasta ese año, de los que el 9 por ciento son soportados por el Estado.
Tras asegurar que Navarra recibe del Estado la misma financiación que el resto de comunidades, en proporción de su población, ha incidido en que para ello no es preciso firmar ningún convenio.
En este sentido ha recordado que la Comunidad foral tiene un régimen fiscal y financiero propio y distinto al resto, y que, en la financiación de dependencia, como ocurre en el ámbito de la educación o la salud, el Estado no transfiere ninguna cantidad económica a Navarra.
En el caso de la Comunidad foral lo que sucede es que minora la aportación que realiza al Estado en la cantidad que corresponda al nivel mínimo garantizado y determinado por la normativa estatal por cada beneficiario residente en Navarra, según su grado y nivel de dependencia.
García ha recalcado que "la relación de Navarra con el Estado para la financiación del sistema de dependencia está bien atada y se realiza vía descuento en el convenio económico".
Además ha manifestado que el Gobierno foral está ejerciendo su responsabilidad de exigir al Estado la financiación necesaria para aplicar la Ley de Dependencia, y así, hasta que la financiación estatal no se amplíe, ha puesto recursos propios económicos, ha desarrollado la normativa necesaria y ha consolidado una plantilla de 43 personas.
La consejera, quien se ha mostrado dispuesta a comparecer en el Parlamento para realizar las aclaraciones que se consideren oportunas al respecto, ha reconocido que la financiación prevista en la memoria económica del Estado "no es suficiente, es necesaria más financiación".
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