Venezuela recrimina ante el Parlasur la visita de la jefa de la Comisión Derechos Humanos

Montevideo.-  La delegación venezolana ante el Parlamento del Mercosur recriminó hoy el viaje que hizo a su país la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de ese organismo, Adriana Peña, con el propósito de indagar sobre las inhabilitaciones políticas.

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(EFE)

La funcionaria viajó a Caracas para recabar información "sin tener la autorización del Parlamento del Mercosur", incurriendo así en una "violación" de la soberanía, dijo el representante de Venezuela.

La funcionaria viajó a Caracas para recabar información "sin tener la autorización del Parlamento del Mercosur", incurriendo así en una "violación" de la soberanía, dijo el representante de Venezuela y vicepresidente de la Asamblea Nacional de ese país, Saúl Ortega.

Venezuela no es miembro del Mercosur, (que agrupa a Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) aunque está en marcha su proceso de adhesión y mantiene una representación ante el organismo regional.

En la reunión del "Parlasur" en Montevideo, la representación venezolana insistió hoy en que el viaje que hizo a principios de agosto Peña a Caracas (para ver la situación de los inhabilitados políticos de cara a las elecciones de noviembre) rompió el reglamento de esta institución e incurrió en un problema ético.

"Pretender hacer acusaciones contra la República Bolivariana de Venezuela de violación de derechos humanos es una temeridad y aventura política", porque en Venezuela "se cumplen los derechos humanos, se amplían y se cumple la ley", dijo Ortega.

Añadió que "las inhabilitaciones son una tradición política de la democracia venezolana".

Las inhabilitaciones de 272 cargos políticos fueron avaladas por el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela a principios de agosto, tras ser decididas por la Contraloría de ese país con base en una ley contra atentados al patrimonio público, aprobada en 2001.

Los afectados acusaron al presidente venezolano, Hugo Chávez, de estar detrás de su inhabilitación por temor a perder espacio electoral en los comicios regionales y municipales de noviembre.

Hace dos semanas, la uruguaya Adriana Peña visitó Caracas a título personal para investigar la situación de los inhabilitados por la Contraloría.

Esa visita fue muy criticada por el Gobierno venezolano, sobre todo, cuando Peña acusó a la Administración de Chávez de "no querer brindar información" .

En declaraciones realizadas hoy, Peña dijo que como ciudadana uruguaya era libre de actuar de acuerdo con lo que dicta su conciencia, según declaraciones recogidas por la cadena de radio El Espectador.

Afirmó que no tenía intención de dimitir de su cargo y que todo lo que hizo "es dentro del reglamento".

También dijo que pretendía proponer al Parlamento del Mercosur la creación de una misión oficial a Venezuela antes de los comicios del 23 de noviembre para escuchar a todas las partes.

En las afueras del Mercosur, que tiene su sede en Montevideo, estalló hoy un choque verbal entre políticos venezolanos oficialistas y los contrarios a Chávez sobre el tema de las inhabilitaciones.

El alcalde del municipio venezolano de Chacao, Leopoldo López, uno de los inhabilitados por presunta corrupción, acudió a denunciar su caso a la Comisión de Derechos Humanos del Parlasur.

Según López, alcalde por el partido Nuevo Tiempo de uno de los cinco ayuntamientos capitalinos y que aspiraba a la Alcaldía Mayor de Caracas, esta cuestión está repercutiendo en la "vigencia de la salud democrática de Venezuela".

"Estamos exigiendo que la comisión de derechos humanos (del Parlamento del Mercosur) nos reciba para explicarle la situación inconstitucional que nos toca vivir", anunció.

El Gobierno venezolano "está manipulando" para que esa Comisión no atienda a sus quejas, agregó al referirse a lo afirmado por el presidente del Parlasur, el brasileño Florisvaldo Fier, que admitió que el tema de las inhabilitaciones influiría en la entrada de Venezuela en el Mercosur.

Dijo que su denuncia busca que las inhabilitaciones no sean un instrumento de "discriminación, manipulación y atropello", y reclamó para el pueblo venezolano la potestad de decidir quiénes han de representarlos.

López y Juan José Molina, diputado del también opositor grupo "Podemos", se enfrentaron con los diputados oficialistas venezolanos Desirée Santos Amaral y Angel Rodríguez, mientras interrumpían sus respectivas declaraciones a la prensa.

Santos Amaral afirmó que "las inhabilitaciones no fueron decididas por el Gobierno, sino por el órgano competente".