Unos 35.000 valencianos tendrán derecho a las prestaciones de la Ley antes de final de año

Valencia.-  Alrededor de 35.000 personas dependientes de la Comunitat Valenciana tendrán reconocido su derecho a la prestación prevista en la Ley de Dependencia antes de que finalice el presente año, una atención que supondrá un coste de algo más de 360 millones de euros.

Así lo ha asegurado a los periodistas el vicepresidente de Bienestar Social, Juan Cotino, antes de presidir en Valencia la primera reunión del Consejo Interterritorial de Servicios Sociales y de la Dependencia de la Comunitat Valenciana.

En la reunión han participado cerca de un centenar de representantes de los municipios valencianos de más de 20.000 habitantes, de las tres diputaciones provinciales y de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP).

Durante esta reunión tenían que haberse tratado aspectos como el copago o la homologación de las residencias para dependientes, aunque según Cotino no han podido debatirse porque del Consejo Territorial del Sistema de Dependencia celebrado el pasado 23 de julio en Madrid fueron retirados del orden del día por "razones económicas".

Según el vicepresidente de Bienestar Social, actualmente hay en la Comunitat Valenciana 50.074 personas valoradas, de las que 30.979 tienen reconocida la dependencia y, por tanto, tienen derecho a las ayudas que concede la Ley.

En las otras 19.095 personas que han sido valoradas se ha determinado que no son dependientes o tienen algún grado de dependencia, aunque la Ley no les reconoce de momento este derecho.

Cotino ha destacado que antes de que finalice este año habrá unas 35.000 personas en la Comunitat Valenciana con su derecho reconocido, mientras que el Libro Blanco de la Dependencia preveía que la cifra iba a ser de 25.000 personas.

"Esta gran diferencia de números, que ha ocurrido en la Comunitat Valenciana y en toda España, ha supuesto un retraso administrativo" que ha perjudicado al usuario, que tenía que haber sido valorado y atendido en un tiempo de seis meses.

Según Juan Cotino, esta "gran avalancha de gente" se ha producido, entre otras razones, por las campañas electorales, durante las cuales se ha dicho que la Ley de Dependencia "va a resolver todos sus problemas".

Fuentes de la Conselleria de Bienestar Social han señalado que mientras que a finales del pasado año había unas 7.000 personas con su dependencia reconocida, se prevé que cuando acabe este año sean 35.000, lo que supone un incremento del 300 por ciento.

Según Cotino, mientras que en 2007 el Gobierno puso 28 millones de euros para la aplicación de esta Ley, el presupuesto aprobado para este año es de 18 millones de euros. "Si las personas valoradas son muchas más y la cantidad económica es menor, es necesario el Pacto de Estado", ha aseverado.

El vicepresidente también ha indicado que con la ministra de Educación, Política Social y Deporte, Mercedes Cabrera, han mantenido un "diálogo abierto y constructivo, cosa que no nos había pasado con el ministro Jesús Caldera".

El vicepresidente de Bienestar Social ha reiterado la necesidad de hacer un Pacto de Estado, en el que estén representados partidos políticos, comunidades autónomas, empresas y sindicatos "para decir de qué forma se va a resolver la financiación de la dependencia".