El Consejo de Ministros da el primer paso para garantizar la confidencialidad a las mujeres que aborten

MADRID.-  El Gobierno ha dado hoy el primer paso para "mejorar las garantías de confidencialidad de las mujeres que deciden abortar en clínicas públicas o privadas" en España a través de un Real Decreto que, con carácter retroactivo, protegerá los datos personales de estas pacientes a través de "códigos de seguridad" guardados en ficheros informáticos independientes de sus historiales clínicos y que sólo podrán ser revelados través de una orden judicial.

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EP (EUROPA PRESS)

El Gobierno ha dado hoy el primer paso para "mejorar las garantías de confidencialidad de las mujeres que deciden abortar en clínicas públicas o privadas" en España a través de un Real Decreto que, con carácter retroactivo, protegerá los datos personales de estas pacientes a través de "códigos de seguridad" guardados en ficheros informáticos independientes de sus historiales clínicos y que sólo podrán ser revelados través de una orden judicial.

El anuncio ha sido realizado hoy en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros por la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, quien adelantó el pasado febrero la intención del Ejecutivo de sacar adelante esta norma, y por la titular de Igualdad, Bibiana Aído, responsable del ministerio que, junto a Sanidad y Justicia, ha creado el proyecto de la norma.

De la Vega recordó que este Real Decreto es una iniciativa reclamada por las mujeres cuyo principal objetivo será "preservar el derecho a la intimidad" de quienes opten por abortar, ahorrándoles "el escarnio de una publicidad no deseada" sobre una decisión "privada y personal", además de "dolorosa y difícil".

Asimismo, la futura norma buscará "mejorar los niveles de protección" de las mujeres que decidan abortar tanto "en centros públicos, como concertados o privados" y asegura la "equidad" de esta "prestación sanitaria" en todo el país, estableciendo los requisitos que deberán cumplir las clínicas concertadas para practicar abortos.

Por su parte, Aído precisó que la futura norma establecerá con carácter retroactivo, la obligación de que todos los centros acreditados para practicar abortos separen los historiales clínicos de sus pacientes de sus datos personales, que serán guardados "en ficheros aparte" y ocultados "bajo un código" secreto que sólo será desvelado si así lo solicitan a través de una orden judicial.

HOMOLOGAR EL SERVICIO EN LAS CC.AA.

Asimismo, según detalló la ministra, la norma homologará los criterios de calidad para la práctica del aborto en todas las comunidades autónomas, sobre todo cuando este servicio se preste en centros concertados, en lo que se refiere a revisiones ginecológicas antes, durante o después de la intervención, control de la paciente, seguimiento de las incidencias y pruebas ecográficas.

Aído, quien asegura que la regulación podría entrar en vigor "antes de final de año", puntualizó que el Real Decreto está aún "en fase de proyecto" y que todavía debe superar una serie de trámites antes de su entrada en vigor, entre ellos la solicitud del visto bueno de las propias clínicas abortistas, con cuyos responsables tiene previsto reunirse la ministra "en las dos próximas semanas".

La titular de Igualdad recordó que el derecho a la confidencialidad de las mujeres que abortan dentro de la legalidad ha sido "vulnerado en muchos casos" y que se siguen "quebrando" en la actualidad a través de procesos que, en algunos servicios sanitarios, se realizan "de forma anómala" exigiendo los datos personales de la paciente, como en el reintegro de los gastos que exige la prestación.

Por otra parte, De la Vega habló también de la posible modificación de la Ley del Aborto. Dijo que el Gobierno "no tiene una postura dogmática" en relación con esta norma, que "siempre han estado abiertos" a realizar posibles modificaciones y que por el momento seguirán trabajando para que la actual regulación "funcione lo mejor posible" porque, reconoce, hay datos "que no son positivos".

UNA LEY CON ASPECTOS QUE "NO FUNCIONAN"

"Vamos a evaluar cómo está funcionando esa ley, si ese derecho a no incrementar el dolor por una criminalización en determinados supuestos está funcionando bien y siempre se está garantizando o, a su vez, se están vulnerando otros derechos, como el derecho a la intimidad o el derecho a la confidencialidad de los datos y si el acceso a esta prestación se hace en condiciones de calidad y equidad en todo el territorio español", indicó.

"Todo esto se va a analizar y evaluar y con esa evaluación, lo que vamos a proponer, porque sabemos que ya hay algunas cosas que no están funcionando bien, lo que se va a proponer es una modificación que, recogiendo las mejores experiencias de nuestro entorno europeo en el ámbito de las indicaciones y leyes de plazo, de más garantía y seguridad" a las mujeres y a los profesionales de la sanidad", añadió la vicepresidenta sobre una norma de la que, según fuentes gubernamentales, el Gobierno espera tener un primer proyecto de borrador en el primer semestre de 2009.