El PP ofrece una propuesta de Ley sobre Convivencia Escolar contra el "deterioro" de las aulas

Sevilla.-  El presidente del PP-A, Javier Arenas, ha presentado hoy una proposición de ley sobre Convivencia Escolar en Andalucía, con la que su partido pretende dar una "respuesta clara y eficaz" al "deterioro" de la convivencia en las aulas y contribuir a un clima propicio para una educación de calidad.

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(EFE)

El presidente del PP andaluz, Javier Arenas, durante una intervención.

Arenas ha presentado esta iniciativa durante unas jornadas que el PP andaluz ha celebrado hoy en Sevilla junto a diversos sindicatos de la enseñanza andaluza y colectivos de padres y estudiantes, a los que va a trasladar la proposición de ley para que realicen aportaciones con las que "enriquecer" el texto.

El líder de los populares andaluces, que ha pedido al PSOE que respalde la proposición de ley cuando se debata en la Cámara, ha recordado que se trata de la sexta proposición de ley a la que se comprometió con la sociedad andaluza durante el debate de investidura del presidente de la Junta, Manuel Chaves.

Tras recordar que de aprobarse la iniciativa, Andalucía sería la primera comunidad con una ley de estas características, Arenas ha señalado que los dos ejes en los que se basa la propuesta de su partido son el apoyo "incondicional" al profesorado, al que se le reconoce su "enorme esfuerzo", y la "tolerancia cero" ante toda agresión verbal o física y ante quien rompa la convivencia escolar.

Las líneas de actuación de la propuesta del PP son, en primer lugar, el refuerzo de la autoridad del profesor, ya que reconoce al maestro la condición de autoridad, en el ejercicio de las funciones encomendadas, estando facultados para recabar el auxilio de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de los órganos jurisdiccionales.

La propuesta otorga la presunción de veracidad a la declaración o manifestación en acta de los profesores en cuanto a los hechos observados directamente por los mismos, sin perjuicio de las pruebas en contrario, y regula específicamente la función del director, del jefe de estudios y del profesorado del centro, reforzándoles en su autoridad para la aplicación del Plan de Convivencia.

El PP plantea también como objetivo contar con mayor compromiso de la Administración educativa, como prestar atención jurídica y psicológica inmediata al profesorado en caso de agresión y personarse ante los tribunales en casos que proceda, al tiempo que prevé la dotación de más profesorado a los centros con especial incidencia de conflictos (los profesores del centro no atenderán las aulas de convivencia) y de personal especializado para trabajar dentro y fuera del centro educativo.

La iniciativa del PP establece la disminución de la ratio de alumnos por clase en los centros con una especial problemática en su convivencia escolar, y perfila programas de formación de profesorado para atender las situaciones de conflictividad y para mejorar la convivencia en los centros.

Prevé la creación de un servicio especializado en la inspección educativa y aborda la problemática desde la necesidad de aplicar medidas interdisciplinares y actuaciones interadministrativas.

En cuanto a la autonomía a los centros, la iniciativa establece un marco normativo para que los centros educativos elaboren sus propios Planes de Convivencia y regula unas mínimas Normas de Convivencia, que podrán ser completadas por cada centro en razón de su autonomía, como la asistencia a clase, la puntualidad, la correcta actitud en clase, entre otras.

La ley regula dos tipos de conductas: las conductas contrarias a las normas de convivencia y las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia, y se elimina la medida disciplinaria de cambio de centro, ya que con ella se traspasa el problema a otro centro.