Bilbao.- El ex presidente de Sidenor y antiguo viceconsejero de Interior del Gobierno Vasco, Sabino Arrieta, ha declarado hoy como imputado en la comisaría de la Guardia Civil de Bilbao en relación con el pago del llamado "impuesto revolucionario", han informado fuentes de la lucha antiterrorista.
Entrada principal de la planta de Sidenor en Basauri (Vizcaya). El ex presidente de la compañía Sabino Arrieta ha declarado hoy por el supuesto pago a ETA.
La declaración de Arrieta ha tenido lugar apenas cuatro días después de que el consejero Delegado de Sidenor, José Antonio Jainaga, prestara declaración por la misma cuestión.
Según las fuentes consultadas, en su declaración Jaianaga negó haber pagado a la banda armada (como ayer mismo afirmó en una declaración pública) y dijo haber puesto la situación en conocimiento de Arrieta.
Ambas declaraciones forman parte de la investigación que el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón está realizando para esclarecer la trama de extorsión de ETA a empresarios vascos.
Estas pesquisas están relacionadas con la documentación intervenida al considerado máximo dirigente del aparato político de ETA, Francisco Javier López Peña, "Thierry", detenido en la localidad vascofrancesa de Burdeos el pasado 20 de mayo.
Ya el pasado 12 de junio, y a raíz también del análisis de esos documentos, Garzón ordenó el ingreso en prisión de dos hermanas empresarias detenidas el día anterior en Orio (Guipúzcoa), María Isabel y Blanca Rosa Bruño Azpiroz, a las que acusó de colaborar con ETA y de haber pagado 6.000 euros de forma voluntaria a la banda. Ambas empresarias quedaron ayer en libertad bajo fianza de 20.000 euros.
El pasado martes tuvo lugar el interrogatorio a Jainaga y al día siguiente, 2 de julio, se registró el domicilio del empresario guipuzcoano Jesús Guibert Azkue, que fue secuestrado en 1983 en Azpeitia (Guipúzcoa) por los Comandos Autónomos Anticapitalistas, cuando era gerente de Laminados de Hierro Marcial UCIN SA y que quedó en libertad diecisiete días después, supuestamente tras el pago de 150 millones de pesetas.
Las medidas adoptadas por Garzón para investigar la trama de extorsión de ETA han despertado críticas de la mayoría de los partidos vascos y de las organizaciones empresariales de esta Comunidad. Éstas últimas han señalado que los empresarios son víctimas de ETA y no delincuentes.
Sabino Arrieta encabezó el grupo de empresarios vascos que en 1995 se hizo con la propiedad de Sidenor en el proceso de privatización y que consiguió convertir la firma en un potente grupo siderúrgico.
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