La cúpula militar dice que las cosas se hicieron bien y no había motivos para dudar de la seguridad

Madrid.-  El máximo responsable del Ejército en el momento del accidente del Yak-42, Antonio Moreno Barberá, ha asegurado hoy al juez que "las cosas se estaban haciendo bien" y no había motivos para dudar de la seguridad del avión, porque no sólo no se recibieron quejas sino que incluso hubo un informe favorable.

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(EFE)

El ex jefe del Estado Mayor Conjunto Juan Luis Ibarreta Manella a su llegada a la Audiencia Nacional, donde el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande Marlaska le tomará declaración como imputado por un delito de imprudencia grave con resultado de muerte en relación con las supuestas irregularidades en la contratación del avión Yak-42.

El que fuera Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) entre 2000 y 2004 ha declarado ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska en relación con las presuntas deficiencias en la contratación del avión que se estrelló en Trebisonda (Turquía) el 23 de mayo de 2003, con 62 militares a bordo, una causa en la que está acusado junto a otros cuatro altos mandos militares de un delito de imprudencia grave con resultado de muerte.

A él en concreto, que era el máximo responsable de las misiones militares en el exterior, los familiares de los 62 militares fallecidos le responsabilizan de no haber hecho nada a pesar de conocer las quejas sobre el mal estado de los aviones que se utilizaban en estas operaciones.

Según su abogado Joaquín Rodríguez, el militar, que ha comparecido durante más de una hora ante el juez, ha asegurado que "no había motivo alguno para dudar de la seguridad del avión" porque había volado en tres ocasiones antes del accidente y "no hubo ningún parte relativo a la seguridad" sino un informe "favorable" sobre uno de los viajes que hizo.

"Ha quedado perfectamente claro - ha añadido- que ni al JEMAD ni al Jefe del Estado Mayor Conjunto (JEMACON) llegó queja alguna referida a la seguridad antes del accidente".

Tras Moreno, Grande-Marlaska ha interrogado durante una hora al ex JEMACON Juan Luis Ibarreta, que inició los contratos con la agencia de la OTAN NAMSA para el alquiler de las aeronaves que trasladaban a las tropas, y quien ha subrayado que "volverían a actuar igual", incluido el mismo sistema de vuelos "que se venía haciendo".

También ha dicho al juez, de acuerdo con los abogados de las familias de los fallecidos Leopoldo Torres y Leopoldo Gay, que se optó por realizar los vuelos a través de NAMSA en lugar de recurrir a la Ley de Contratación del Estado porque ofrecía "flexibilidad" y asumía "un riesgo y una responsabilidad" que ninguna otra compañía comercial estaba dispuesta a correr.

Moreno ha reconocido, según la acusación particular, que las inspecciones de los aparatos que hacía su departamento eran "suaves", es decir, operativas y no técnicas, y se hacían en un 20 por ciento de los aviones.

Sin embargo, ambos militares han negado haber recibido ninguna de las 14 quejas sobre deficiencias en los aviones, que, según las familias, podrían haber llegado a la cúpula militar e incluso al entonces ministro Federico Trillo.

Expresamente se han referido a las dos supuestamente más comprometidas para la seguridad de los vuelos, que procedían del Centro de Inteligencia y Seguridad del Ejército de Tierra (CISET) y del Mando Aéreo de Levante (MALEV).

Los interrogatorios proseguirán mañana con los tres responsables del Estado Mayor Conjunto y también imputados: José Antonio Martínez y Joaquín Yáñez, encargados de controlar los contratos de los aviones, y Alfonso Elías, que solicitó mediante un correo electrónico a la contratista Chapman Freeborn el Yak-42 que luego se estrelló.

Esta causa, que se inició el 31 de octubre de 2003 cuando la Asociación de Familiares de las víctimas del accidente presentó la primera denuncia, llegó a ser archivada por Grande-Marlaska el 1 de junio de 2007 por considerar que los funcionarios de Defensa no tenían responsabilidad penal.

Sin embargo, la sala de lo penal de la Audiencia Nacional ordenó el pasado 22 de enero reabrir el caso al estimar que la seguridad del vuelo siniestrado estaba "seriamente comprometida" por varias deficiencias que debían ser investigadas.