Bruselas.- La Comisión Europea ha amenazado con denunciar a España ante el Tribunal de Justicia de la UE por la celebración de sendos contratos marco entre los ministerios de Interior y de Medio Ambiente en España con la compañía Eurocopter para el suministro de helicópteros.
Un "Eurocopter EC155" en el estand de EADS durante la primera jornada de la 47ª edición de "Le Bourget", el Salón Internacional de la Aeronáutica y del Espacio, en París, Francia, en junio de 2007.
El Ejecutivo comunitario considera que las autoridades españolas no respetaron la reglamentación europea sobre contratación pública, por lo que ha decidido enviar a España un requerimiento oficial para que corrija la situación, so pena de llevar el caso a los jueces.
Las autoridades contratantes son respectivamente el Ministerio del Interior, que solicita los helicópteros para la Policía Nacional y la Guardia Civil, y el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, que los precisa para misiones de vigilancia y ayuda de la flota pesquera nacional.
Según un comunicado de la CE, basándose en esos acuerdos marco ambos ministerios ya han adjudicado dos contratos para el suministro de helicópteros.
La Comisión considera que los dos acuerdos marco se han celebrado infringiendo las directivas europeas sobre contratación pública, ya que, por un lado, el acuerdo marco celebrado con el Ministerio de Medio Ambiente no se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea, y, por otro, ambos acuerdos contemplan la modificación posterior, por las partes, de varias de sus condiciones principales, como la prórroga del contrato.
"Los agentes económicos que no han podido participar en la licitación para el acuerdo marco del Ministerio de Medio Ambiente han quedado realmente excluidos con sus productos de este mercado durante el periodo en que se halle vigente este acuerdo marco", según la nota de la Comisión.
Además, "la posterior modificación de las condiciones principales del acuerdo marco proporciona una ventaja al adjudicatario de la licitación y perjudica los intereses de los demás licitadores y de todas las empresas interesadas en participar en el procedimiento de contratación, ya que los coloca en una posición desventajosa al presentar sus ofertas respectivas".
En ambas situaciones, añade el comunicado, "las autoridades españolas han utilizado un procedimiento negociado para adjudicar contratos específicos en un caso -la adjudicación de contratos basados en un acuerdo marco- que no se recoge en las directivas".
El requerimiento oficial anunciado hoy consiste en un dictamen motivado, la segunda fase del procedimiento de infracción previsto en el artículo 226 del Tratado CE.
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