La Comunidad de Madrid espera una mejor relación con el nuevo ministro en materia migratoria

Madrid.-  La Comunidad de Madrid entiende que con la llegada de Celestino Corbacho al frente de Inmigración, el Gobierno debe empezar a "tomarse en serio" este asunto, "acabar con el desorden de la regulación" y llevar a cabo una nueva política que permita el trabajo coordinado y la lealtad institucional.

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(EFE)

El consejero de Inmigración y Cooperación de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández Lasquetty, saludando a una niña durante la inauguración del Campeonato de Fútbol de la Confraternidad Ecuatoriana el pasado febrero.

Para ello, ha señalado el consejero de Inmigración, Javier Fernández-Lasquetty, es necesario que el Gobierno fije "criterios claros", aporte más recursos y cambie la actitud de "penalizar a Madrid porque es Madrid".

Después de conversar con el ministro durante más de una hora, el consejero madrileño ha destacado que Corbacho, que fue alcalde de L'Hospitalet (Barcelona), "es una persona que conoce bien la inmigración y la integración de los inmigrantes", y que "no habla por dogmas políticamente correctos".

Preguntado al respecto, Fernández-Lasquetty ha afirmado que acudió a la reunión con la sensación de que se "abre una etapa distinta de colaboración y de transparencia" y salió de ella con "algo más de esa impresión", aunque sólo se habló de "líneas generales de trabajo".

"Creo que se debe superar la política de los últimos cuatro años", en los que "nos hemos encontrado con una política de opacidad y de falta de cooperación que esperamos que este ministro, que es nuevo, cambie".

Por ello, ha detallado que le ha pedido que "el Gobierno se tome más en serio acabar con el desorden de la política de regulación de la inmigración, y que cumpla sus propias competencias, además de una nueva política que supere la anterior de lealtad institucional fijando criterios claros, aportando más recursos y tomándose en serio la integración", ha resumido.

Desde el punto de vista de la Comunidad de Madrid, es preocupante "que Barajas sea un punto de entrada de inmigración ilegal, ya no sólo de España, sino de toda Europa, y que uno de cada tres inmigrantes que empiezan una vida en España lo hagan desde la ilegalidad", además de la crisis económica y el desempleo que conlleva, ha enumerado Fernández-Lasquetty.

"Si se cumplen esos criterios, -ha concluido- el Gobierno tiene una nueva oportunidad, y por parte de la Comunidad de Madrid, y en ese caso, encontraría lealtad institucional y trabajo conjunto".

Entre esas "muestras" que el consejero exige figuran, entre otras, una solución para la llegada de inmigrantes a Madrid desde las islas, ya que, según ha dicho, uno de cada tres trasladados a la Península desde Canarias, acaban en Madrid.

"Eso es un 33% por ciento del total y no tiene ningún criterio ni ningún sentido, salvo que eso se quisiera hacer deliberadamente así. Y Madrid no es ni el 33% de la población, ni del PIB, y por eso le he dicho al ministro que quisiera que hubiera criterios acordados, objetivos y válidos para todos que expliquen por qué a unas comunidades de traslada a muchos y a otras, a ninguno", ha señalado.

Por ello, ha indicado que sería necesario un compromiso visible del Gobierno de "no penalizar a Madrid" con los criterios de distribución del fondo de acogida

El ministro, según el consejero madrileño, se ha comprometido a "estudiarlo".

El consejero ha adelantado que "quedan muchas cosas en el tintero" por lo que el "cauce de diálogo va a continuar", aunque ha vuelto a insistir que esto será así si encuentran un cambio de actitud.

Por otro lado, ha desvelado que el ministro reunirá antes del verano la Conferencia Sectorial de Inmigración que creó Jesús Caldera en marzo de 2007, y que no se ha reunido aún, lo cual "me parece bien", ha considerado Fernández-Lasquetty.

También se abordó el "atasco burocrático" que sufren los inmigrantes para regularizar su situación, ya sea por prórrogas, o solicitudes de nacionalidad, lo que el consejero calificó de "auténtico calvario" y desprestigio de la Administración española.