La legalidad de la reapertura de Harinas Porta pendiente de la resolución del juez

Huesca.-  El titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Huesca escuchó hoy las conclusiones de los vecinos afectados, el empresario y el consistorio sobre la polémica reapertura de la factoría de Harinas Porta, donde una explosión provocó en abril de 2005 5 muertos y 14 heridos.

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La vista reunió al letrado de la Coordinadora de Afectados por Harinas Porta, que planteó el contencioso para solicitar la anulación del decreto municipal que permitió a la empresa reanudar su actividad, y a los abogados tanto del Ayuntamiento de Huesca como de la propia industria.

Según expuso el representante legal de los afectados, el abogado Alfonso de Meer, el decreto que firmó en julio de 2007 el alcalde de Huesca, Fernando Elboj, para autorizar la reapertura de las instalaciones no se ajustó a la legalidad ya que no se llevaron a cabo las medidas legalmente establecidas.

Este letrado explicó que las obras ejecutadas por el empresario en su fábrica constituyeron una modernización sustancial que exigía la apertura de un expediente para actividades peligrosas, nocivas, molestas y perjudiciales, así como de licencia de obras al estar calificado el suelo como "fuera de ordenación".

Responsabilizó al mandatario municipal oscense de acceder a la reapertura de las instalaciones de la industria de una forma "arbitraria", sin iniciar el preceptivo expediente para actividades molestar.

El abogado del Ayuntamiento de Huesca, Fernando Sáenz de Buruaga, rechazó que las obras acometidas por el empresario hubieran supuesto un cambio "trascendental" de las instalaciones industriales, lo que determinó la innecesariedad del expediente planteado.

Destacó un informe elaborado por una consultora externa cuyos servicios solicitó el consistorio, en el que se minimiza las obras del empresario, la instalación de un nuevo transformador eléctrico, y rechazó que estos trabajos exigieran la apertura de un nuevo expediente de impacto.

Por su parte, Ángel Aguirre, el letrado del empresario José Porta, responsabilizó al representante legal de los vecinos de "tergiversar" los hechos, al no incorporar entre las pruebas presentadas declaraciones e informes contrarios a su demanda.

Aguirre hizo especial mención a las declaraciones hechas como testigo por el jefe de Urbanismo del Ayuntamiento de Huesca, Jesús Tejada, que en primera instancia defendió la necesidad de que las obras ejecutadas hubieran contado con un expediente previo para actividades nocivas dada su relevancia.

Este abogado indicó que el propio técnico municipal reconoció en un segundo informe que no se habían ejecutado en la industria obras de reestructuración "dignas de reseña".

Admitió, sin embargo, que aunque los trámites para la reapertura de las instalaciones se realizaron en un marco jurídico "complejo", las gestiones realizadas se ajustaron en todo momento a la legalidad.

A este respecto señaló que la ausencia de obras de reestructuración sustanciales hacía innecesario un nuevo expediente de actividad, al prevalecer los hechos en años anteriores.