Valladolid.- El acuerdo de reestructuración del sector azucarero alcanzado en Castilla y León permitirá el cobro de unos 220 millones de euros en ayudas, que sin este pacto se hubieran dejado de percibir, según la consejera de Agricultura, Silvia Clemente.
La consejera de Agricultura y Ganadería, Silvia Clemente (d), durante la reunión que mantuvo con representantes de las OPAS de la región para informar sobre el acuerdo alcanzado con Ebro y Acor para la reestructuración del sector del azúcar en Castilla y León.
La consejera ha expuesto hoy a las organizaciones agrarias, durante una reunión en Valladolid, el contenido del acuerdo alcanzado el pasado día 10 entre la empresa Azucarera Ebro y la cooperativa ACOR, con la mediación de la Junta de Castilla y León.
Este pacto garantiza la continuidad de las fábricas azucareras, el cobro de ayudas europeas y un precio mínimo, de al menos 40 euros por tonelada de remolacha azucarera, durante las próximas seis campañas, ha defendido la consejera en declaraciones a los periodistas antes de la reunión.
Silvia Clemente ha recordado que la normativa europea deja en manos de las industrias transformadoras la decisión de reducir el 50 por ciento de la producción, como mínimo ineludible para cobrar ayudas de Bruselas.
El acuerdo "es razonable para las dos", Ebro y ACOR, y ha sido posible "con la mediación de la Junta", que aportará cerca de 50 millones de euros en apoyos al sector, ha subrayado la consejera.
"Es un gran acuerdo que sitúa a la Comunidad en un panorama de certidumbre" sobre el futuro del sector, ha añadido.
Al respecto, ha señalado que mientras en Castilla-La Mancha cerrará la única azucarera que quedaba en esta Comunidad y en Andalucía cuatro de sus cinco fábricas, en Castilla y León solo cerrará una, la de Ebro en Peñafiel (Valladolid).
La de ACOR en Valladolid ya había dejado de funcionar antes de esta reestructuración.
Por ello, la consejera considera "incorrecta" la opinión de las organizaciones agrarias, contrarias a este pacto, ya que sin él, "los agricultores no hubieran percibido ni un solo euro", ni de las industrias ni en ayudas europeas.
De esos 220 millones de euros, unos 60 irán destinados a los remolacheros, ha agregado.
Por su parte, el presidente de ASAJA en Castilla y León, Donaciano Dujo, ha criticado este acuerdo "de espaldas" a los agricultores, que no tiene en cuenta sus demandas, como un precio mínimo de 42 euros por toneladas de remolacha.
El coordinador regional de la Unión de Campesinos, Jesús Manuel González Palacín, lo ha calificado como "un desprecio más" hacia los remolacheros, que a su juicio quedan a merced de las industrias.
El secretario regional de UPA, Julio López, ha advertido de que "se acaba el futuro de la remolacha en Castilla y León", ya que "posiblemente desaparezca" este cultivo, del que esta Comunidad es la principal productora.
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