Buenos Aires.- La Cancillería de Argentina realizará un censo de automóviles ingresados al país con franquicias diplomáticas a raíz de un escándalo por contrabando de esos vehículos, según una resolución oficial conocida hoy.
Vista de un trabajador blindando un vehículo destinado a funcionarios diplomáticos. La Cancillería de Argentina realizará un censo de automóviles ingresados al país con franquicias diplomáticas.
La medida, publicada en el Boletín oficial del Estado, forma parte de nuevas modificaciones que el Ministerio de Relaciones Exteriores introdujo al régimen de franquicias diplomáticas para la importación de automotores.
La resolución aclara que si bien se seguirán respetando las convenciones internacionales que rigen para la adquisición de vehículos por parte del personal diplomático extranjero, se busca "fortalecer los criterios de transparencia y control de la normativa vigente en la materia".
Con ese propósito se realizará un "censo de los automotores con franquicia diplomática", que luego serán re empadronados, y otro de "funcionarios extranjeros acreditados y empleados locales" de las representaciones diplomáticas, a cargo del Departamento de Privilegios e Inmunidades de la Cancillería.
Además, el Departamento de Franquicias de Automotores del organismo "requerirá mensualmente a la Secretaría de Industria y Comercio el listado de modelos de automotores aptos y tendrá que llevar adelante las gestiones destinadas" a que el Fisco "incluya las franquicias diplomáticas" en sus sistemas de control.
Según la disposición, estos trámites se "informatizarán" y se realizará un registro de firmas de los jefes de las misiones diplomáticas presentes en este país, así como de sus "subrogantes legales".
El escándalo fue denunciado en enero último por el Ministerio de Relaciones Exteriores tras una auditoría interna encargada por el canciller Jorge Taiana sobre una muestra de 98 automóviles introducidos entre 2004 y 2007, y en ella se detectaron numerosos trámites que no cumplían las normas.
Los vehículos eran ingresados libres de impuestos y luego comercializados en el mercado local a precios superiores a los valores de importación, pero menores a los de plaza.
El mes pasado la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, dictó un decreto por el cual en caso de que se nacionalice un automóvil importado para un diplomático dejará de tener la exención de impuestos de la que gozó al entrar en el país.
Una de las dos causas judiciales que se tramitan por este escándalo se inició a partir de una denuncia presentada por la Aduana argentina ante la presunta existencia de casos de contrabando y violación de normas sobre comercio de automóviles.
La otra está basada en una presentación de la estatal Oficina Anticorrupción, que investiga si en la Cancillería se montó "una organización" dedicada al contrabando de vehículos importados que eran ingresados al país con franquicias diplomáticas.
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