Barcelona.- Un total de 85.000 docentes catalanes están convocados hoy a la huelga por los sindicatos, un paro que puede afectar al millón de alumnos de los colegios e institutos y que supone la ruptura del consenso que había entre la comunidad educativa que permitió la firma del Pacto Nacional hace dos años.
Vista general de un aula de una escuela primaria vacía durante una huelga.
El paro pretende forzar al departamento de Educación a retirar el documento de bases de la futura ley de Educación, aunque el conseller Ernest Maragall ya ha asegurado que no piensa hacerlo.
Los sindicatos convocantes rechazan, en especial, las nuevas fórmulas de gestión de los centros escolares que recoge el documento de bases de la ley de Educación al creer que abrirán la puerta a su privatización y a un empeoramiento de las condiciones de trabajo de los docentes.
Los sindicatos Ustec-Stes, CCOO, Aspepc-Sps, Fete-Ugt y CGT estiman que en más de la mitad de los institutos y en el 80% de las escuelas públicas no habrá clase, mientras que el paro tendrá muy poca incidencia en el sector concertado ya que el principal sindicato de este ámbito -Usoc- no apoya la huelga.
La Generalitat ha decretado unos servicios mínimos que fijan que, en las escuelas donde la totalidad de la plantilla secunde el paro, deberán ir a trabajar uno de los integrantes del equipo directivo y un maestro por cada 4 grupos o clases para hacerse cargo de los alumnos que acudan al centro.
En los institutos, la orden limita la movilización de personal al director o jefe de estudios y a un empleado de administración o servicios, así como se exige la presencia del 25% de la plantilla en las guarderías.
Los sindicatos convocantes de la huelga han acusado ya a la Generalitat de crear la "falsa imagen" de que los niños serán atendidos en los centros, y han recomendado a las familias que no los lleven porque estarán en situación de "riesgo".
A su juicio, los servicios dictados por Trabajo, que recurrirán, son "absolutamente desproporcionados y abusivos", hasta el extremo de creer que la administración "actúa de mala fe" e intenta "romper la huelga".
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