MADRID.- La Audiencia Nacional celebrará a partir del próximo 21 de abril el macrojuicio contra 27 responsables de Gestoras Pro Amnistía, el colectivo ilegalizado que prestaba apoyo a los presos de ETA, para los que la Fiscalía solicita 10 años de cárcel por integración en banda armada.
La Audiencia Nacional celebrará a partir del próximo 21 de abril el macrojuicio contra 27 responsables de Gestoras Pro Amnistía, el colectivo ilegalizado que prestaba apoyo a los presos de ETA, para los que la Fiscalía solicita 10 años de cárcel por integración en banda armada.
El procedimiento, que será enjuiciado por la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal, se celebrará en horario continuado de lunes a miércoles hasta el próximo 23 de julio en sesiones que comenzarán a las diez de la mañana, según consta en el auto de señalamiento dictado por el tribunal.
La vista, que previsiblemente se celebrará en la sede que la Audiencia Nacional tiene alquilada en la Casa de Campo, será el segundo macroproceso que este tribunal celebra contra el entorno de ETA, después de que el pasado 19 de diciembre condenara a penas de entre 2 y 24 años de cárcel a 47 de los 52 acusados del denominado sumario 18/98 (EKIN-KAS-XAKI).
CONTROL DE PRESOS Y SEÑALAMIENTO DE OBJETIVOS
En su escrito provisional de acusación, la Fiscalía sostiene que Gestoras Pro Amnistía se dedicaba a dar apoyo y controlar a los presos etarras, señalar como objetivos terrorista a los supuestos responsables de su situación, captar a nuevos miembros y recopilar datos de los sumarios judiciales que pudieran servir a la banda terrorista.
El fiscal Enrique Molina, que abandonó hace tres meses la Audiencia Nacional, atribuye en su escrito de acusación hasta 12 funciones o características a Gestoras pro Amnistía, entre las que figuran controlar al colectivo de presos, servir de enlace entre éstos y la dirección de ETA y asegurar su sometimiento a la disciplina orgánica de la banda.
Para ello, ETA eliminaba las iniciativas de reinserción a través del tratamiento penitenciario, asignaba una paga mensual de 25.000 pesetas (150 euros) a cada preso y asesinaba o amenazaba a los reclusos que mantuvieran posturas críticas.
OLANO, ENTRE LOS ACUSADOS
Gestoras Pro Amnistía, según el escrito fiscal, también coordinaba formas de lucha complementarias a la del frente armado de ETA, recogía datos transcendentes para la seguridad orgánica de la banda obtenidos de los procesos judiciales en los que estaban personados y editaba como propias publicaciones de los responsables de la banda, entre otras actividades.
Entre los acusados se encuentran los responsables nacionales de la organización, Juan María Olano, Julen Celarain y Aitor Angel Jugo, así como sus representantes en las tres provincias vascas y Navarra y en áreas específicas como Huídos, Bases Democráticas o Presos Vascos a Euskal Herria.
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