Instan la ilegalización de ANV y PCTV, ¿y ahora qué?

El Consejo de Ministros ha autorizado hoy a la Abogacía del Estado a iniciar los trámites para la ilegalización de Acción Nacionalista Vasca (ANV) y del Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV) por su presunta vinculación con la ilegalizada Batasuna.

¿Y ahora qué? Desde que en 2002 el juez Baltasar Garzón suspendiera las actividades de Batasuna, medios de comunicación y ciudadanos nos planteamos la misma pregunta cada vez que se pide la ilegalización de algún partido o se impugna una lista electoral. En este artículo tratamos de aclarar algunas dudas:

• ¿Qué paso se ha dado hoy? El Gobierno de Zapatero, a través de la Abogacía del Estado -como hará la próxima semana el Ministerio Público- ha instado la ilegalización de dos partidos políticos (EAE-ANV y EHAK-PCTV) por su presunta vinculación con Batasuna/ETA. Deja en manos de los servicios jurídicos decidir si esta ilegalización debe ser por el incumplimiento de la Ley de Partidos o por ser "sucesoras" de un partido declarado ilegal y, por tanto, que deben correr su misma suerte.
• ¿Caben otras opciones? Sí. La Fiscalía previsiblemente solicitará la ilegalización de ambas formaciones por incumplir la Ley de Partidos, al entender que vulneran principios democráticos y apoyan el terrorismo. Sin embargo, este procedimiento es mucho más complejo y llevará más tiempo -en el caso de HB-EH-Batasuna se tardó siete meses-. También se podría haber esperado a la presentación de candidaturas electorales e impugnarlas, algo que el Ejecutivo ha autorizado a hacer si finalmente no se suspenden cautelarmente las actividades de los dos partidos.
• ¿Pero no había actuado ya Garzón? Sí. Pero el magistrado de la Audiencia Nacional ha iniciado la posible ilegalización por la vía penal. Precisamente esta semana recibió los informes de la Policía y la Guardia Civil que apuntan a que ANV y PCTV son organizaciones instrumentalizadas por Batasuna y ETA, a los que desvían fondos económicos.
• Si ANV lleva años en política... Efectivamente. En concreto desde 1930. Con la llegada de la democracia se integró, pero con personalidad propia, dentro de Herri Batasuna, de la que se salió cuando fue sustituída por Batasuna. Los miembros de ANV siempre alegan que en sus Estatutos reniegan de la violencia, pero para la Ley no es suficiente. Así lo cree el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ha señalado en varias ocasiones que "el programa de un partido político puede ocultar objetivos e intenciones distintos de los que proclama".
• ¿Cuál es el siguiente paso? Pues a partir de ahora, en el Tribunal Supremo se monta un "zafarrancho", tal y como lo describe uno de sus miembros, con jornadas maratonianas en las que se intenta comprobar los datos facilitados por las partes -sobre todo los aportados por Fiscalía y Abogacía del Estado-. En procesos anteriores, como las elecciones municipales de 2003, se llegó a estudiar la situación de 8.000 candidatos. Una vez recogida y comprobada toda la información, es analizada y valorada por la Sala especial del Supremo (recibe el nombre 'del 61' por el artículo que la regula), que dictará sentencia.
• Pero, ¿y las elecciones? Este es uno de los temas más delicados de este tipo de procesos, según fuentes del Tribunal Supremo. "La Justicia tiene que velar por un derecho tan fundamental como es el de participar en las elecciones", señalan. Por eso, el Alto Tribunal debería pronunciarse antes del inicio de la campaña, y dando margen suficiente al Constitucional para que emita su opinión. Según el profesor de derecho constitucional Miguel Pérez-Moneo "no sería afortunado mezclar el proceso electoral y la posible ilegalización de un partido, porque, aunque coincidan en el tiempo, la razón de la ilegalización no es la inminencia de los comicios, sino el hecho de que se puede estar cometiendo una ilegalidad".

• El Supremo ilegaliza ambas formaciones. En tal caso, y una vez que el Constitucional confirme la sentencia, ni ANV, ni PCTV pueden presentarse a las elecciones y se suspenden todas sus actividades (nada de mítines, ni sedes, ni carteles, ni página web...) Pero sus miembros y candidatos sí podrían presentarse, bajo otras siglas o en agrupaciones de electores. En tal caso, de nuevo el Supremo analizaría, una por una, las candidaturas y decidiría si el grado de "contaminación" que tienen sus integrantes es suficiente para decretar o no su anulación.
• ¿Y los cargos ya elegidos? Nueve dirigentes del PCTV conforman actualmente grupo parlamentario en la Cámara Vasca, y ANV cuenta con 437 concejales y 42 Alcaldías en País Vasco y Navarra. Si se ilegalizan ambas fuerzas, la cosa no está todavía muy resuelta. En el caso de los parlamentarios, la disolución del grupo tendría que ser votada por la mayoría del Parlamento. Por su parte, los concejales 'aeneuvistas' tendrían que pasar a formar parte del Grupo Mixto. Tras la aprobación en 2003 de la Ley para la garantía de la democracia, ambas formaciones verán como el Estado les 'corta el grifo' de la financiación.
• ¿Qué puede hacer la izquierda 'abetzale'? Tal y como recuerda Miguel Pérez-Moneo, desde la ilegalización de Batasuna, "ETA ha persistido en su actitud de participar a través de su frente político e institucional en la acción política". Y el resultado ha sido notorio. En cualquier caso, según este experto, el entramado de la organización terrorista "obtiene beneficios al persistir: si resultan elegidos, obtienen representación, financiación y un 'altavoz' a sus pretensiones; en caso contrario, tienen una nueva oportunidad de presentarse como 'víctimas de la represión estatal'".
• ¿Qué planes se han puesto en marcha? La izquierda 'abertzale' ha probado varios 'planes b': ha intentado, sin éxito, crear nuevos partidos (Herritarren Zerrenda en las elecciones europeas de 2004 o ASB en las últimas municipales) y presentar listas de electores (AuB en los comicios de 2003, Aukera Guztiak en las autonómicas de 2005 o Abertzale Sozialistak en 2007). No superaron la prueba de la legalidad. Mejor resultado ha obtenido cuando ha pedido el voto para una formación ya existente iniciada la campaña: lo hizo con el PCTV y recientemente con ANV.
• Máximas garantías. Además de los planes alternativos, las formaciones/listas ilegalizadas pueden recurrir la sentencia del Supremo ante el Tribunal Constitucional. No sería la primera vez que el segundo le quita la razón al primero. En las elecciones municipales de 2003 se dio amparo a varias agrupaciones de electores que no tenían nada que ver con el entramado de ETA. Además, por encima del TC está el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, donde actualmente están recurridas la ilegalización de Batasuna (admitida a trámite), las anulaciones de candidaturas de las últimas dos elecciones municipales y también lo estuvo la Ley de Partidos (aunque el recurso del Gobierno vasco ya fue rechazado).
• De ilegales, nada. Cabe, por qué no, la posibilidad de que el Supremo no dé la razón al Gobierno y a la Fiscalía, y resuelva que ambas formaciones pasan la prueba del algodón de la legalidad. En tal caso, como señalan desde el Alto Tribunal, "si son legales, pueden generar mayor o menor simpatía, pero tienen el mismo derecho que PSOE y PP para presentarse a las elecciones".