Abierto el juicio oral contra el ex-presidente de la Diputación de Segovia

Segovia.-  El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Segovia ha ordenado la apertura de juicio oral contra el ex-presidente de la diputación segoviana Atilano Soto Rábanos, del PP, consejero delegado de la sociedad "Segovia 21".

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(EFE)

El abogado Carlos Carrasco Muñoz de Vera a su llegada al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3, de Segovia, donde Atilano Soto Rábanos declaró como imputado.

Soto, presidente de Caja Segovia, declaró ante el juzgado, en noviembre pasado, por presunta malversación de fondos y tráfico influencias en la venta del 42 % de la edificabilidad de "Segovia 21" a la empresa "Segobrida del Eresma" al entender que hay una diferencia de 100 millones de euros, si se hubiera aplicado precio de mercado.

Las partes han confirmado a Efe la existencia del auto judicial sobre la apertura de la vista oral, cuya fecha se conocerá cuando la señale el Juzgado de lo Penal, a donde pasará el caso una vez terminada su instrucción.

En la sociedad "Segovia 21", constituida en 2002, participan la Diputación Provincial, la Cámara de Comercio y Caja Segovia, para llevar a cabo un parque tecnológico y empresarial, comercial y de ocio con un campo de golf para 18 hoyos y un complejo residencial con un hotel que formará parte de la cadena NH y 380 viviendas, 87 de ellas unifamiliares.

En Segóbrida del Eresma, creada en diciembre de 2005, que preside el director general adjunto de Caja Segovia, Miguel Ángel Sánchez Plaza, participan Caja Circulo Católico de Burgos, Promociones Pal, S.A., de Palencia; Promotora Ge-Tres S.A., del grupo Arranz Acinas, y el Grupo Inversor Asuari, una sociedad inversora de la familia Antolín, ambas con capital burgalés, entre otros.

El abogado que ejerce la acusación particular, Carlos Carrasco Muñoz de Vera, ha mostrado su satisfacción con el auto, aunque se ha mostrado extrañado porque solo haya un imputado en la causa ya que, a su juicio, "una sola persona no puede llevar a cabo las presuntas irregularidades denunciadas en el procedimiento".

Carrasco sostiene que, entre otros, debería imputarse al actual presidente de la Diputación, Javier Santamaría, del PP, porque esta institución aportó a la sociedad el terreno de la finca "Quitapesares", parte de la cual se tuvo que descatalogar porque era monte público, valorándolo "de forma increíble" a 3,5 euros el metro cuadrado, muy por debajo del mercado.

Por su parte, Soto ha indicado "que el auto deja claro que no hay rastro de criminalidad alguna, ni siquiera indiciariamente, y que el hecho de que abra la posibilidad de juicio oral no puede configurarse como calificación acusatoria anticipada sino como una acomodación procesal".