Sevilla.- El Parlamento andaluz aprobó hoy, con el único rechazo del PP-A, la Ley de Educación de Andalucía, una norma que regula las materias no básicas que la nueva legislación estatal permite a las comunidades autónomas, y en la que se refuerzan materias como la Lengua, Matemáticas y los Idiomas.
El consejero andaluz de Presidencia, Gaspar Zarrias, felicita a la consejera de Educación, Cándida Martínez, tras aprobarse el proyecto de Ley de Educación de Andalucía hoy Sevilla.
Como principales objetivos, la consejera de Educación, Cándida Martínez, destacó el aumento del rendimiento académico del alumnado, la reducción del fracaso escolar y el incremento de la tasa de escolarización en la etapa postobligatoria (Bachillerato y Ciclos Formativos superiores) hasta alcanzar la media de los países más desarrollados de la UE.
También agradeció a la comunidad educativa y los grupos su compromiso y participación con una norma que pretende mejorar los rendimientos académicos, los contenidos en cada etapa educativa, así como las destrezas y habilidades que el alumno debe acreditar al finalizar la enseñanza obligatoria.
Para ello, recoge el dominio de competencias básicas en materia de comunicación oral y escrita; razonamiento matemático en la interpretación de problemas relacionados con la vida diaria y el mundo laboral; tratamiento digital de la información; autonomía para adoptar decisiones responsables, y capacidad emprendedora.
De igual modo, se incluyen nuevas medidas para reforzar las materias de Lengua Española, Idioma y Matemáticas, a las que la ley otorgará un carácter preferente en la regulación de los horarios lectivos de Primaria y Secundaria Obligatoria, así como para generalizar el uso de las tecnologías de la información.
Además de regular la organización del sistema educativo y la programación general de las enseñanzas, la ley da rango legal a la oferta de servicios fuera del horario lectivo que la Junta viene implantando en el marco del Plan de Apoyo a las Familias Andaluzas (aulas matinales, comedores y actividades extraescolares), con el fin de generalizar progresivamente estos servicios.
Establece programas de refuerzo y apoyo en horario de tarde para los estudiantes que presenten retraso escolar, además de pruebas específicas durante los dos años siguientes a la finalización de la educación básica para quienes no hayan obtenido la titulación de graduado en Educación Secundaria.
Otra de las medidas de la Junta que alcanzará rango legal es la gratuidad de libros de texto en las enseñanzas obligatorias para todos los centros sostenidos con fondos públicos.
Esta medida se extenderá el próximo curso a todo el alumnado de Educación Primaria y en el siguiente a la Secundaria Obligatoria.
Santiago Pérez, del PP-A, ha estimado que la ley es una "oportunidad perdida" para regular los problemas más importantes de la educación andaluza, de hecho -dijo- algunos problemas "no están ni plasmados".
Pidió una inversión para la educación del 6% del PIB andaluz, frente al 4,8% actual, homologar los salarios de profesores con la media nacional, protegerlos de las agresiones o garantizar la calidad en las infraestructuras educativas y la equidad en programas como el bilingüismo.
"Es imprescindible abordar el grave problema del fracaso escolar, mejorar atención de alumnos con situaciones especiales o el funcionamiento de los centros, y esta ley supone un desencanto y falta de compromiso con la escuela andaluza", esgrimió el popular.
Ignacio García (IU) expuso que la norma "no es la de IU", aunque admitió que "se acerca" debido a las mejoras que se han incorporado por las propuesta de su formación y de los agentes sociales y educativos.
"No compartimos el modelo de gestión de los centros, tampoco los niveles de participación de la comunidad educativa, pero la ley ha mejorado su contenido, aunque para aplicarla se requiere un buen gobierno", ha indicado.
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